Carta del Presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador; invitando a participar a la Consulta Ciudadana sobre el Petróleo del próximo 27 de julio.

Para facilitar su lectura enseguida se transcribe el texto de la carta. Amigas y amigos: 

Como ustedes saben, he venido señalando desde noviembre del año pasado que la Patria está bajo un grave peligro.  El futuro de México se ve amenazado por la reforma energética enviada por Felipe Calderón al Senado de la República.  En ella se propone otorgar a un pequeño grupo de mexicanos y, sobre todo, a extranjeros, el derecho a apropiarse de los beneficios de la industria petrolera nacional que sólo deben corresponder al pueblo de México.
Con la política económica que han venido imponiendo desde hace 25, años, sólo una minoría ha podido progresar, mientras la inmensa mayoría de los mexicanos está condenada al desamparo y a la sobrevivencia.  Además, los gobernantes se han dedicado ha entregar a particulares y a extranjeros, los bienes del pueblo y de la nación. De 1982 a la fecha, se han privatizado más de mil empresas públicas; por ejemplo: entregaron Teléfonos de México, los ferrocarriles, las minas, los aeropuertos, las líneas aéreas, los bancos, parte de la industria eléctrica y es cosa de preguntarnos: ¿en qué se ha beneficiado la mayoría de los mexicanos? La verdad es que sólo se ha profundizado la desigualdad y la corrupción. 
A pesar de esta amarga realidad, por la ambición al dinero, los potentados y sus representantes en el gobierno están empeñados en continuar con la misma política entreguista y de privilegios, como lo demuestra el hecho de que ahora quieres apoderarse de la industria petrolera nacional; lo cual llevaría a más pobreza, desempleo, frustración, inseguridad y violencia.  En pocas palabras: la privatización del petróleo significaría apostar a la destrucción del país y cancelar el futuro de millones de mexicanos, sobre todo, de las nuevas generaciones.
 
Por eso te invito a que en la consulta que se llevará a cabo el domingo 27 del presente mes, digas NO a la participación de empresas privadas en la industria petrolera y NO a la reforma energética entreguista que se debate en el Congreso de la Unión. 

Si impedimos la privatización del petróleo, mantendremos la esperanza de utilizar este recurso natural estratégico para industrializar a México, crear empleos, abaratar los precios del gas, la gasolina y la electricidad, fortalecer nuestro mercado interno y garantizar el bienestar de la población.
 
Asiste con tu familia a votar, invita a tus vecinos y amigos. No permitas que nos roben el derecho a la esperanza.
 
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México

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En esta sección encontrarás diversos materiales con relación al tema de la Consulta sobre el Petróleo a la que ha convocado el Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

El Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard anunció su intención de promover una Consulta sobre la reforma energética.  Durante su participación en los foros del debate petrolero, organizados por el Senado, Marcelo convocó al resto de los Gobernadores del país a que pongan en marcha un mecanismo similar para conocer la opinión de los mexicanos sobre la transformación que requiere la industria petrolera.

"Convoquemos a una consulta a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, lo podemos hacer la mayor parte de los gobernadores de los estados porque es obvio que Calderón no lo va a hacer; si no quería que ni nos diéramos cuenta".

"En el ánimo de contribuir en ello, en el DF invitaremos a una consulta el 27 de julio a todos los ciudadanos y ciudadanas de la capital y al Instituto Electoral del Distrito Federal para que conduzca a la consulta", dijo. Así que en Flor y Canto estamos listos para apoyar, difundir y participar en los términos que resulten de ésta importante iniciativa del Jefe de Gobierno. 

Guía de documentos: Luis Javier Garrido/Juventino Castro/Gustavo Iruegas/John Saxe Fernández

Luis Javier Garrido

Diez razones para la consulta

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo de someter a una Consulta Popular la iniciativa de Felipe Calderón para privatizar la industria petrolera nacional procede, a pesar de lo que dicen los funcionarios del gobierno de facto, al menos por 10 razones.

1. La Consulta Popular en materia energética es absolutamente constitucional y legal porque la Constitución mexicana prevé ya, desde 1983, este mecanismo en el tercer párrafo del artículo 26, en el marco del “sistema nacional de planeación democrática”, además de que al menos en 22 Constituciones locales del país existen mecanismos de democracia semidirecta, como la consulta pública, el plebiscito y el referendo.

2. La consulta procede porque es el mecanismo democrático por excelencia en la toma de decisiones en la mayor parte de los países euro-occidentales en este siglo XXI, ya que está progresivamente compensando los vicios y limitaciones del sistema representativo, con otros mecanismos de democracia semi-directa. México está atrasado en materia democrática y la consulta sentaría, por lo mismo, un precedente positivo para el país.

3. La decisión de consultar al pueblo es correcta porque la mayor parte de los mexicanos la quiere, como demuestran las encuestas, incluso aquellas hechas por despachos vinculados al gobierno. El 78 por ciento de los ciudadanos la aprueba, según una encuesta de Gea-Isa del 28 de mayo

4. El mecanismo de la consulta tiene una legitimidad histórica y hondas raíces en la tradición mexicana, pues, a pesar de lo que muchos suponen, sí se ha utilizado en el pasado en momentos significativos. Los ejemplos que se podrían dar son muchos, pero baste uno: con motivo de las elecciones de 1867, el presidente Benito Juárez sometió en una Consulta Popular a los electores su propuesta de aprobar diversas modificaciones constitucionales, entre ellas la del restablecimiento del Senado, solicitándoles se pronunciaran en el anverso de la boleta electoral.

5. La consulta no sólo es legal, legítima y viable, sino que es, por otro lado, imprescindible por una razón obvia que sustenta en el mundo entero el recurso a las consultas, plebiscitos y referendos: porque en las elecciones de 2006, ninguno de los partidos y candidatos que ahora auspician la privatización propusieron durante la campaña desincorporar al petróleo de la soberanía y del patrimonio nacionales, como ahora lo hacen, y no lo hicieron porque esta medida no aparecía en sus plataformas electorales y en consecuencia ni los legisladores federales ni la 50 Legislatura del Congreso están mandatados por el pueblo para tomar esta medida, mucho más cuando la misma trastoca el orden constitucional y atenta contra la soberanía energética de la nación, por lo que la única salida a esta situación es, como se hace en regímenes de otros países, recurrir de nuevo por la vía democrática al pueblo para que se pronuncie.

6. El carácter imprescindible de la Consulta Popular se fortalece porque a juicio de amplios sectores hay dudas razonables y fundadas sobre la representatividad de un Congreso surgido de las elecciones fraudulentas de 2006 –en el que el PAN y otros partidos están sobrerrepresentados– y, por lo mismo, sobre la “legitimidad” de una decisión tomada en un asunto de importancia estratégica para el país y clave para los intereses de las multinacionales. Las que no son dudas, sino certezas de lo que sería una decisión así se fortalecen por las informaciones en el sentido de que tanto las grandes corporaciones como el gobierno de facto están recurriendo a prácticas de corrupción y de amedrentamiento para someter a los legisladores.

7. La consulta procede además con carácter imprescindible por el papel crítico que está desempeñando Felipe Calderón, quien luego de haber llegado por la vía fraudulenta al cargo protestó cumplir la Constitución y ahora pretende violarla, exigiendo se apruebe una legislación anticonstitucional. Calderón impulsa una desbocada campaña de desinformación, se niega a transparentar la información y miente constantemente incurriendo en contradicciones que suscitan lo mismo indignación que hilaridad. Argumenta con desprecio a la inteligencia de los mexicanos que sus iniciativas no son “privatizadoras”, pero luego en un arrebato de carácter racista se lamenta de la oposición a sus propuestas y dice que “hasta los chinos” están privatizándolo todo (4 de junio).

8. En el grave contexto actual, la consulta está de sobra justificada además de todo por las evidencias existentes de que un alto número de funcionarios públicos están asociados a los intereses de las corporaciones trasnacionales y actúan como parte interesada en la privatización en un escenario de corrupción generalizada –en el cual son parte fundamental Felipe Calderón, varios de sus familiares y su secretario de facto de Gobernación, el español Juan Camilo Mouriño–, y el hecho de que hasta ahora esta situación ha rebasado en mucho al Congreso, que ha mostrado su impotencia, por lo que se hace urgente recurrir a la Consulta Popular.

9. La Consulta Popular debe llevarse a cabo, en suma, porque de aprobarse estos cambios legales sin consenso –y una decisión del Congreso es insuficiente, como han subrayado la mayor parte de los constitucionalistas– se generaría en México un escenario de absoluta inseguridad jurídica, pues las corporaciones extranjeras invertirían en un contexto de ilegalidad y de violación al marco constitucional, lo que le daría al pueblo mexicano y a los futuros gobiernos el legítimo derecho para actuar contra ellas.

10. “La soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo”, establece el artículo 39 constitucional, y frente a este precepto no hay consideración que valga. Los funcionarios privatizadores del gobierno de facto están repitiendo ya en plena desesperación y de manera mecánica para oponerse a la Consulta Popular que el pueblo es ignorante, que el mecanismo “carece de sustento legal”, que es dilatorio, que sería costoso, que “descarrila” las intenciones de Calderón. Es decir, que carecen de argumentos jurídicos, políticos, éticos e históricos para oponerse a la misma. La consulta procede en última instancia, o acaso en primera, porque no hay, además de todo, argumentos en contra. Y no los hay porque no puede haberlos en contra de la voluntad soberana de los mexicanos.

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Juventino Castro y Castro

La solidez jurídica de la consulta popular

La noticia del día es que el secretario de Gobernación de la administración federal afirma que la consulta popular sobre las iniciativas para reformar a la industria petrolera no se debe llevar a cabo por no tener el procedimiento de participación base constitucional ni ley reguladora aplicables.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, por su parte, afirma que al secretario de gobierno se le ha perdido el artículo 26 constitucional.

Mucho me temo que al señor secretario (y con él muchos funcionarios públicos) se les ha perdido –o quizás les ha sido robado– no sólo el ejemplar de su Constitución Política, sino todo el paquete de las leyes fundamentales sobre la administración pública federal, en donde está incluida la ley de planeación, expedida por el presidente Miguel de la Madrid y publicada en el Diario Oficial del 5 de enero de 1983 (hace más de 25 años), para regular la planeación y la coordinación de la actividad económica nacional, promover (o pretender promover) la convivencia armónica de los distintos sectores, e impulsar así el desarrollo económico nacional, como responsabilidad conjunta de todos ellos.

Creo de mi obligación hacer del conocimiento público los basamentos de la consulta popular en la que yo –por cierto– mucho he insistido con simple sentido cívico nacionalista, y con ausencia total de interés o de ideología personales en las cuestiones que tanto perturban a nuestro país en estos días.

Ante todo debe tenerse en mente (como disparador) a la disposición constitucional contenida en el tercer párrafo del artículo 26 (que se dice se le ha perdido al secretario de Gobernación), que ya no transcribo aquí porque medio México se muestra enterado ya de él.

Se ha planteado que si bien la Constitución faculta al Ejecutivo federal para llevar a cabo los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, la reglamentación necesaria no existe. Posiblemente a muchos se les han perdido también sus ejemplares de consulta, razón por la cual me permito transcribir un artículo principal de la Ley de Planeación.

El capítulo tercero de la Ley de Planeación lleva el rubro de Participación social en la planeación, y su artículo 20 dice:

“Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se refiere esta ley”.

Se puede alegar (y a lo mejor con razón) que la proposición de la consulta popular es una herejía, un recurso retardatorio, una utopía, una invención o una forma de deshacerse de un problema que no se encuentra forma de resolver. Lo que no se puede alegar de buena fe es que nuestra Constitución y nuestras leyes reglamentarias no prevean una institución para aplicar a la consulta propuesta.

Éste es un servicio social que me he decidido prestar, especialmente para aquellos que hayan perdido –o les hayan robado– su colección de leyes.

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Gustavo Iruegas

YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS EN AGUAS PROFUNDAS DEL GOLFO DE MÉXICO

Señor Senador Labastida; atiendo con gusto e interés la invitación a participar en este debate.
Señoras y señores legisladores;
Señoras y señores de la prensa y del público:

Aunque en el texto de las iniciativas de reforma al régimen legal del petróleo en México aparece el tema de los yacimientos transfronterizos, es en el documento titulado “Diagnóstico: Situación de PEMEX”[1], presentado el día 30 de marzo del año 2008 por la Secretaria de Energía y el Director General de la empresa, sí se le dedican unas páginas, aparentemente sustantivas. 

Sin embargo de lo anterior, en todo el expediente que propone la desincorporación del petróleo mexicano de la soberanía y del patrimonio nacionales –al igual que los motivos de las iniciativas de ley que han dado origen a este debate– descansa en tres argumentos enfáticamente planteados a lo largo del  Diagnóstico.  

Han sido muchos los alegatos acerca de la cuestionable veracidad de estos argumentos y seguramente se escucharán más a lo largo de estas sesiones.

Yo  me detendré brevemente  en ellos porque hacerlo sirve para explicar la presencia del tema de los yacimientos transfronterizos en el debate.

El primero sostiene que las reservas nacionales de hidrocarburos –probadas, probables y posibles– han entrado en fase de declinación y que para el año 2018 ya no será posible mantener la plataforma de producción de tres millones de barriles diarios.  Las dos partes de esta afirmación deben analizarse separadamente: La primera, “las reservas nacionales han entrado en fase de declinación” se respalda precariamente con la cuenta estadística de las reservas en los últimos 25 años, pero carece de información acerca de los esfuerzos y gastos de exploración realizados en ese mismo plazo. El dramático aserto tendría que sostenerse en los estudios de prospección sobre el territorio nacional que demuestren la inexistencia de otros yacimientos. De otra manera, lo que hay que explicar son las razones por las que se abandonó o se redujo esa importante actividad.

La segunda parte del argumento asegura que ya no será posible mantener la plataforma de producción actual, dando como un hecho indiscutible que producir más de tres millones de barriles diarios es una meta irrenunciable. Todos los elementos de la gestión petrolera son variables; las reservas, la tecnología, los costos, y los precios. Igualmente lo es la plataforma de producción que año con año determina la Ley de Ingresos. Lamentablemente esa determinación se hace con propósitos fiscales cuando debiera hacer en función del plan nacional de desarrollo, si este tuviera aplicación efectiva. 

La “plataforma de producción del país” no es otra cosa que la cantidad de petróleo que se autoriza extraer en un año para satisfacer la demanda interna y la que se destina a la exportación. Como los precios están vertiginosamente al alza y siendo que las reservas mundiales empiezan a agotarse, es de esperar que el petróleo, cada vez más escaso, seguirá subiendo de precio. La renta petrolera es una función del costo de producción, la cantidad de aceite que se vende y el precio a que se vende, de modo que en la medida en que los precios suban la producción puede bajar sin afectar la renta petrolera del país. La tendencia a subir de los ya altos precios del petróleo debería aprovecharse para vender cada vez menos petróleo al extranjero y preservar el que aún queda para el consumo interno en el futuro. Todo el petróleo que ahora vendamos lo compraremos mañana a los precios crecientes de la escasez y la especulación.  Aterroriza pensar a qué precio tendremos que importar la gasolina que ahora compramos a más de cuatrocientos dólares, porque ya no somos capaces de producirla. Una investigación –quizá social– de porqué ya no somos capaces de producir la gasolina que antes producíamos nos llevaría, sin duda, a un dictamen de negligencia culposa.

Como se ve, los temores de que se ponga en riesgo la plataforma de producción del país no tienen fundamento sólido  y se desvanecen fácilmente porque la idea misma de una “plataforma” no es sólida­, pero la decisión de acreditar las iniciativas de ley que modifiquen la propiedad del petróleo y el régimen  de la industria  petrolera mexicana, subsiste a lo largo del documento y alrededor de ese  falso concepto.

El segundo argumento es que la última opción mexicana está en los yacimientos en aguas profundas del Golfo de México, cuya explotación es Pemex  incapaz de practicar, por lo que debe llevarse a cabo por empresas extranjeras.

La propuesta de compartir los yacimientos con la empresa extranjera capaz de extraerlos no toma en cuenta (o quizá deliberadamente evita mencionar) que  al comprometer los yacimientos bajo los abusivos contratos de riesgo y otros similares, automáticamente las reservas y la producción disponible para México se verá reducida, al igual que la renta petrolera, en la proporción prevista en el contrato. que. Por lo tanto, si se autorizaran contratos de riesgo, al 50 por ciento, las reservas nacionales se verían reducidas en la práctica en cincuenta por ciento y lo mismo sucedería con la renta petrolera. En esas condiciones, ¿se podría mantener la sagrada plataforma petrolera? Seguramente no, porque para que México pudiera disponer de tres millones de barriles diarios se tendrían que extraer seis.

El tercero argumento, es la prisa impuesta por el cálculo de que en diez o doce años ya no se cumpliría la plataforma de producción actual y que, estar en condiciones de explotar los yacimientos en aguas profundas, tomaría esos o mayores plazos por lo que hay que iniciar los trabajos ahora mismo.

El Diagnóstico dice al respecto que “…de no iniciar en este momento una actividad intensa de exploración y explotación en aguas profundas del Golfo de México, para el año 2021México vería reducida su plataforma de producción en cerca de 500 mil barriles diarios respecto a sus niveles actuales.”   Y continúa “Aun disponiendo de recursos financieros sin restricción, la complejidad de estos campos, los riesgos geológicos asociados, las necesidades tecnológicas involucradas y la incipiente experiencia que se tiene en estas áreas, impedirían a Pemex realizarlos por sí mismo, en el periodo que se requiere para sostener la producción en el país. [2] ¡Es decir que si tuviera más tiempo sí podría, pero como la prioridad es sostener la producción, pues no puede! No se trata entonces de capacidad, se trata de que hay prisa.

¿Cómo se vincula entonces la cuestión de los yacimientos transfronterizos con la prisa?

El tema atiende a diversas clases de mantos acuíferos, de hidrocarburos o minerales que trascienden el territorio de dos o más  Estados. En México tenemos varias clases de estos yacimientos: acuíferos, de hidrocarburos y seguramente minerales. Lógicamente, los yacimientos de esa clase que tiene  México, en tierra o bajo el mar, se extienden a los países aledaños; vale decir Estados Unidos, Guatemala, Belice, Cuba y Honduras. Con los tres primeros se trata de fronteras en mar y tierra y con los dos restantes, hay solamente marítimas.

Los yacimientos transfronterizos más importantes que tiene México son –mientras no se descubran otros– los que ocupan territorio mexicano y americano y consisten en mantos acuíferos y yacimientos de hidrocarburos y minerales. En los más de quince Tratados con tema fronterizo entre Estados Unidos y México no había previsiones sobre los yacimientos transfronterizos. Fue hasta que, en el año 1994, entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que el derecho internacional pudo dar el respaldo jurídico suficiente para que ambas naciones firmaran, en el año 2000,  un Tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas.

Además de determinar la anchura del mar territorial, de la zona contigua, y de la zona económica exclusiva, la Convención estipuló la anchura de la plataforma continental (Art.76) que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas hasta el borde exterior del margen continental (o hasta 350 millas si este margen las excede y 200 millas si no lo alcanza) contadas a partir de la base de medida del mar territorial. Sobre esta plataforma el Estado ribereño mantiene derechos  exclusivos para exploración y explotación. La Convención  prevé en su artículo 83, que la delimitación de la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos, sobre la base del derecho internacional aplicable.

Aunque Estados Unidos no es parte de la Convención, de ésos dos artículos, 76 y 83, surgen los derechos de plataforma continental en el Golfo para México, Estados Unidos y Cuba. Esas delimitaciones dejan dos espacios que por analogía podríamos llamar  “realengo”, pero que se han dado en llamar “hoyos de dona”. Uno de ellos es un polígono irregular que se forma entre los límites de la plataforma continental de México y Estados Unidos, que mide aproximadamente 17 mil K2,  de los cuales 10, 500[3] corresponden a México y 6,500[4] a Estados Unidos. El otro es un triángulo entre Cuba, Estados Unidos y México con una superficie aún no delimitada[5] pero cercana a los 20 mil K2. Es oportuno señalar que el polígono occidental ya no existe porque esa área ha sido incorporada a las plataformas de Estados Unidos y de México en las proporciones mencionadas. La que sí está trazada es la línea que las separa por virtud del Tratado que dividió el “hoyo de la dona” con una línea que se prolonga por 129 millas.

Como el interés por esos espacios está en los yacimientos transfronterizos, el tratado prevé que a lo largo de esa línea de 129 millas las partes no autorizarán ni permitirán la perforación  ni la explotación petrolera o de gas dentro de una milla náutica y cuatro décimas a cada lado de la línea, durante diez años. Esta moratoria abarca una superficie de 1239 km2  (639 k2  de cada parte) y termina el 16 de enero del año 2011.

No hay mucha información  disponible sobre las  razones de  los negociadores del Tratado del hoyo de la dona por las que se decidió la distancia de 1.4 millas a lo largo de las 129 millas, pero hay dos respuestas informales: la primera dice que las excavaciones horizontales no podrían rebasar esas distancias y, la otra, que los yacimientos son generalmente de menores proporciones, de manera que, los que resultaran transfronterizos, quedarían dentro del área protegida. Lo interesante es que ambas explicaciones acusan la intención  de evitar una explotación abusiva por alguna de las partes.

En el Diagnóstico se plantea que la superficie bajo aguas profundas en el Golfo sobre la que México tiene derechos, es de 575 mil kilómetros cuadrados, sin contar las superficies de aguas someras. También asegura que en la línea fronteriza  entre la desembocadura del Río Bravo y el punto de inicio del hoyo de la dona existen yacimientos transfronterizos, en una zona llamada “Cinturón Plegado” en la región denominada “Perdido” en la que ya se practican perforaciones del lado americano y donde, por un fenómeno de cambio de presión, quien extrae unilateralmente, lo hace en todo el yacimiento en perjuicio de quien no ha perforado o ha perforado tarde.

También advierte que en la actualidad las perforaciones horizontales pueden alcanzar hasta 11 kilómetros y que la existencia de esos yacimientos y la disponibilidad de la tecnología para explotarlos unilateralmente desde el lado americano “implica un riesgo de pérdida de hidrocarburos, aún en yacimientos ubicados totalmente en el lado mexicano.”[6] Empresas concesionarias de Estados Unidos apoderándose indebidamente de hidrocarburos mexicanos no es un escenario improbable. Pero ¿Cuánto es lo que está en riesgo? Pues el máximo imaginable sería el que pudieran extraer en una faja fronteriza  de 200  millas[7] de largo por 6 millas[8] de ancho, área que resultaría de unas 1,200 millas[9] salpicadas de yacimientos todavía indeterminados. Aún quedarían para México unos 570 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental bajo aguas profundas.

La preocupación suena desproporcionada en  términos de las cantidades de hidrocarburos en riesgo de ser robadas. Tampoco parece obedecer al loable prurito de no permitir el despojo a la nación, pues eso no parece preocuparle al gobierno de facto. Así se deduce de que no manifiesta la misma preocupación en los yacimientos transfronterizos terrestres entre la Cuenca de Burgos y la Cuenca del Río Grande, donde ya se aplica el criterio de Estados Unidos de que cada quien extraiga lo que pueda y México permite la explotación por empresas extranjeras.

Por otra parte, las empresas que nos podrían robar en el Cinturón Plegado son las mismas o semejantes a aquellas con las que Pemex contrataría la explotación en nuestras aguas profundas. ¿Porqué piensa PEMEX que asociado a las empresas ladronas éstas no lo robarían? ¿Acaso cree en la conseja de que “socio no roba socio”? Seguramente no; es solamente que el verdadero propósito del  planteamiento de la explotación abusiva de los yacimientos transfronterizos se usa para abundar en la idea de urgencia de que está impregnado el Diagnóstico. No se trata de salvar los yacimientos transfronterizos, sino de compartir con las empresas extranjeras aquellos que están  en los 575 mil kilómetros cuadrados de aguas profundas sobre los cuales México tiene derechos exclusivos de explotación, depósitos a los que, según el propio Diagnóstico indica, no se puede llegar rápidamente.

¿Cuál es la prisa entonces? La prisa consiste en poder entregar una legislación permisiva a la enajenación del patrimonio petrolero a la ya agonizante administración del Presidente Bush. Esa es la verdadera motivación que vemos en el Gobierno Legítimo de México a las ansias extranjerizantes de los espurios.

Es mi dicho, señor Senador Labastida.
[1] En adelante, “Diagnóstico”.[2] Diagnóstico, página 55.[3] (62%)[4] (38%)[5] La distribución se estima en 70% para Estados Unidos, 20% para México y 10% para Cuba.  [6] Diagnóstico, página 74.[7]  370 Km.[8] 11Km.[9] 6,000Km2

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John Saxe-Fernández

Hoja de ruta

La hoja de ruta de EU para Pemex fue adoptada como propia por Los Pinos desde 1982. Usar al Banco Mundial (BM) para revertir la nacionalización petrolera se acentuó con el rescate que pactó Zedillo con Clinton en 1995. Con Fox y Calderón, así lo muestra Israel Rodríguez (La Jornada, 1/6/08), el proceso sobrepasó todo límite imaginable. La desnacionalización del proceso de toma de decisiones requerida para desmantelar Pemex se funda en el manejo discrecional de las condiciones atadas a los préstamos para incidir en la dinámica interna, sea en ferrocarriles, bancos, comercio exterior, infraestructura, agricultura o energía. La codicia empresarial, doméstica y externa, así como la creciente dependencia de EU al crudo importado, impulsaron al BM a colocar la reserva petrolera y el portafolio de negocios de Pemex como objetivos prioritarios.

Para lograrlo sugiere: 1) permitir contratos de riesgos para exploración y desarrollo, 2) abrir a la inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir Pemex en empresas separadas y en competencia, 4) permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex, y 5) privatizar Pemex.

En sus Mexico Strategy Papers, de 1995, el BM dice que Pemex debe “… otorgar contratos competitivos para exploración y desarrollo de cada campo petrolero para que en los más grandes se puedan extraer mayores rentas, ya que en éstos la extracción es más barata”. Luego que Salinas, country manager del BM, quebró la integración vertical de Pemex en cuatro organismos descentralizados con un ente coordinador, el BM plantea la atomización: “… cada empresa subsidiaria en existencia sería dividida en, quizá, cuatro empresas independientes… cuatro de exploración-producción –cada una tan grande como una empresa privada– y cuatro empresas de refinación y mercadeo. El corporativo Pemex cesaría de existir”. Como en Brasil, el BM propone una institucionalidad similar a la de EU: México debe integrar una “Agencia Federal de Hidrocarburos separada de Pemex, encargada de las áreas de exploración y producción que negociaría y
firmaría los contratos… Entes similares existen en EU, como la Texas Railroad Comission” (TRC). Sometida a intereses petroleros, la TRC se encarga no de trenes, sino de regular el mercado del crudo.

El vital elemento geoestratégico y de seguridad, excluido de la discusión pública del TLCAN y ausente en la agenda del debate sobre la reforma calderonista (por fortuna lo abordó Jorge Eduardo Navarrete la semana pasada), fue propuesto por Blyth Eastman & Dillon (BE&D) en 1979 como eje empresarial para la “integración energética de la América del Norte”, establecida, según esa firma asesora de Wall Street, bajo la premisa de borrar “las diferencias nacionales entre Canadá, EU y México” para satisfacer las “necesidades de energía de los tres países”. Se dejó de lado que EU agotó su reserva de crudo convencional a inicios de los 70 y era (y es) el principal consumidor y derrochador de petróleo del planeta, mientras sus dos “socios” son autosuficientes. BE&D propuso “una especie de mercado común que integre los vastos recursos energéticos de América del Norte”.

El petróleo es motivo de fondo del TLCAN que Bush saca a la luz en 2005 con la ASPAN y su Consejo para la Competitividad de la América del Norte, que incluye grandes empresas y cabildos, el Consejo Coordinador Empresarial entre ellos. Mientras un sigiloso Fox, iluminado por Enron y el BM, abría Pemex a decenas de zorros tipo Halliburton, EU agregó el paraguas militar (Comando Norte). Y Calderón, enlazado con la rapiña doméstica, busca constitucionalizar la red de negocios con la ayuda de gobernadores panistas y priístas que esbozan una feudalización de Pemex, al modo de la oligarquía boliviana en Santa Cruz, para lucrar con la balcanización de México.

Esta es la hoja de ruta de las reformas de Calderón. Por eso el BM y Tony Garza, embajador de EU y ex integrante de la TRC, apoyan, entusiastas, la reforma.

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