La razón por la cual se dice que Enrique IV abrazó la religión romana debería ser suficiente para que todo hombre honrado la abandonara, y sobre todo, cualquier príncipe que supiera razonar” J.J. Rousseau.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
El discurso de las “siete plagas” que Felipe Calderón le prodigó a Benedicto XVI a su llegada a Guanajuato facilitó la transformación del evento oficial en el acto litúrgico que anhelaba el Sumo Pontífice.
Al apocalíptico soliloquio del presidente mexicano el Jefe de la Ciudad del Vaticano, - minúsculo “estado” concebido en las mentes del fascista Benito Mussolini y el enviado del Papa Pio XI por los Tratados de Letrán de 1929 – respondió con una homilía vertebrada en torno a la fe, la esperanza y la caridad, virtudes teologales que sustentaron las sentencias pontificias en torno a la superioridad del derecho a la vida y al genuino sentido de la libertad religiosa como principios colocados por encima de las leyes de los hombres, conceptos presentes en todos los discursos papales, confirmando a través de ellos el objetivo pastoral de su visita por enfatizar la supremacía del poder de la Iglesia por sobre los poderes civiles.
El sentido religioso del mensaje emitido por el visitante, demostró el verdadero rostro de la presencia de Joseph Ratzinger a nuestro país, - y del abuso que el Poder Clerical hizo de ella, consentido por un gobierno confesional a pesar de declararse defensor del Estado Laico- puesto que protocolariamente el Jefe del Estado Vaticano pudo haberse respondido protocolariamente y haberse referido al vigésimo aniversario del establecimiento de relaciones entre ambos estados, aparente motivo del viaje papal a tierras mexicanas.
Tras escuchar el mensaje del Papa no quedó la menor duda de que todos y cada uno de sus actos públicos en nuestro país tienen un profundo sentido político y que su principal objetivo fue evidenciar pública y ostentosamente que en esta Nación los poderes civiles y los aspirantes a ocupar la Presidencia de la República se postran ante Cristo Rey y ante su Vicario en la Tierra.
Por ello se eligió El Cubilete como escenario del acto culminante de la visita, y con la audacia digna de los Borgia, el Poder Clerical mexicano ejerció una diplomática presión sobre los precandidatos presidenciales a fin de hacerse presentes en la multitudinaria ceremonia religiosa que ofició Benedicto XVI, al pie de un santuario con claras y explícitas referencias al conflicto cristero del pasado siglo XX.
La presencia de López Obrador, de Peña Nieto, de Quadri de la Torre y de Vázquez Mota, y seguramente la de muchos otros candidatos a puestos de elección popular, junto a la de Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete constituye la reivindicación política más anhelada por el Poder Clerical mexicano desde 1857.
Esperemos que los candidatos estén conscientes de la vigencia de la advertencia de Rousseau sobre aquellos príncipes, que - como el calvinista Enrique IV-, enarbolan excusas como la de que Paris bien vale una misa, para ser elegidos en una República Representativa, Democrática, Laica y Federal.
PEMEX: URGENTE CONTROL SOCIAL
Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la Patria. Lázaro Cárdenas del Río.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Hace justo 74 años, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, tomó la decisión de emitir el decreto de expropiación petrolera, ante la insolencia de los representantes de las empresas extranjeras que en un alarde de soberbia desconocían el laudo de la autoridad laboral mexicana a favor de los trabajadores de sus empresas.
La soez actitud del empresariado extranjero ante el propio presidente mexicano fue determinante para que el General Cárdenas confirmara su sospecha del peligro que representaba a la Soberanía nacional la rebelión de magnates petroleros ante las leyes mexicanas.
La pulcritud y justeza del laudo laboral emitido por los tribunales mexicanos a favor de los trabajadores, constituía un compromiso irrenunciable de defensa y apoyo del Ejecutivo a la clase trabajadora y una obligación indeclinable a favor del pueblo mexicano.
Tras el decreto de expropiación, el gobierno cardenista contó con el entusiasta apoyo del pueblo, quien no sólo se volcó a las plazas y calles para manifestar su entrega y compromiso a la decisión presidencial, sino que se constituyó en un verdadero aliado operativo para echar a andar la naciente empresa.
En ese espíritu, los trabajadores petroleros de aquella heroica etapa se constituyeron en los guardianes y vigilantes de todos los procesos del quehacer de nuestra naciente empresa nacional.
Así lo testimonian infinidad de fotografías y películas de aquellos años en los que el espíritu de grupo y su compromiso nacionalista se comprueban en francas sonrisas y en la espontánea mirada de aquellos hombres y mujeres que conformaron la planta laboral de un Pemex, que orgulloso demostraba la capacidad mexicana ante el mundo.
Es lamentable que el impulso colectivo que logró restablecer planes de exploración y producción con maquinaria obsoleta o intencionalmente destruida, fuese sujeto de una perversa política sindical que prostituyó sus auténticos postulados laborales a fin de consolidar un régimen de terror basado en corrupción e impunidad, como mecanismos cotidianosde las relaciones sindicales de una empresa originalmente entregada al cuidado de sus trabajadores.
Del espíritu de compromiso laboral y vigilancia patrimonial de sus primeros años, Pemex pasó al pillaje y sistemático saqueo de su riqueza petrolera nacional, deleznable política que no sólo se enseñoreó de la empresa, sino que contaminó a los poderes de la Unión y cuyo mayúsculo paradigma fue el Pemex-Gate y la impune protección gubernamental brindada a sus autores.
Sólo bajo el amparo de ese nefasto régimen de deshonestidad se explica el florecimiento de una estrecha coalición entre la delincuencia criminal y la delincuencia sindical que se enseñoreó de la empresa expropiada a favor del pueblo mexicano en 1938.
A esa inmoral e ilegal rapacería se suman las antipatrióticas ambiciones neoliberales, cuya tecnócrata obsesión es restituir el patrimonio petrolero de los mexicanos a las empresas extranjeras que amenazaron al General Cárdenas con regresar por las cuantiosas ganancias, que según ellos, la expropiación les arrebató.
El cúmulo de riesgos que se ciñen sobre la empresa demuestra la poca efectividad del control legislativo que, - en principio y por obligación- debiesen ejercer nuestros representantes populares sobre este patrimonio del pueblo mexicano, principal fuente de ingresos para el erario público.
Son contados los ejemplos de congruencia patriótica y compromiso legislativo en defensa de la soberanía energética. Cada vez son más frecuentes las pruebas que acreditan la inmoral connivencia de poderes a fin de dar sustento legislativo al paulatino desmantelamiento de la empresa nacional, como acción previa a la ambicionada subasta al capital privado y al extranjero de Pemex, y su riqueza energética.
Ante tan aciago panorama resulta urgente que en defensa de nuestro patrimonio energético, abandonemos la pasividad, la diatriba y el lamento, y que en un legítimo acto de reapropiación - inspirado en el espíritu cardenista- impongamos a la paraestatal una red de contralorías conformadas por mujeres y hombres honestos, patriotas y comprometidos con la defensa de la Patria, a fin de rescatar nuestra Soberanía Energética para el bien de la República.
En este contexto a muchos mexicanos nos preocupa y nos ocupa el alcance del Acuerdo suscrito entre la Canciller Espinosa y el gobierno de Obama sobre yacimientos transfronterizos, cuyo trasfondo busca evitar litigios internacionales de México contra los intereses de los licenciatarios yanquis, para los cuales, por cierto, los pactos internacionales son absolutamente prescindibles.
El sigilo y la premura con la que se ha procesado el Acuerdo signado en Los Cabos, obligan a esgrimir una vez la claridad del General Cárdenas, a fin de recordar a nuestros legisladores que traiciona a la Patria, el gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras le guste o no al calderonismo.
LAS ARMAS ELECTORALES DEL CAUDILLO ALBICELESTE
"Los cristianos, en vez de temer a las excomuniones deben anhelarlas” Bula Exsurge Domine del Papa León X condenado a Lutero.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
on el beneplácito que la Secretaría de Gobernación otorgó al Episcopado mexicano para orientar electoralmente a su feligresía, la Presidencia de la República, - convertida en “cuartel de guerra electoral” por Felipe Calderón-, afinó la maquinaria de presión en contra de los enemigos de la precandidata presidencial de Acción Nacional.
La anuencia hacia el documento clerical denominado Orientaciones Pastorales… sobre el voto responsable de los fieles católicos y personas de buena voluntad, emitida por el subsecretario de Migración y Asuntos Religiosos, Gustavo Mohar, se sustentó en una maniquea interpretación de la libertad de expresión, indudable derecho reconocido por nuestra Constitución desde 1857 a los individuos, claramente acotado a las corporaciones religiosas en el inciso e) del artículo 130 constitucional.
Con la torcida interpretación del funcionario, el gobierno de Felipe Calderón de facto reformó la disposición construida y aprobada por la LV Legislatura que de forma explícita determinó prohibir a los ministros de culto a asociarse con fines políticos y de forma puntual les impide realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.
Estas disposiciones se complementan con la tácita prohibición a los clérigos de oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso.
La claridad del mandato constitucional en la materia no merecen su flagrante violación bajo el argumento de la universalidad del derecho a la libertad de expresión, garantía individual esgrimida muy recientemente por la jerarquía católica que aceptó tal restricción en las reuniones sostenidas entre legisladores, jerarcas y funcionarios del Gobierno Federal en las que se consensó la reforma constitucional de 1992, con la que Carlos Salinas de Gortari recompensó el apoyo de la Iglesia Católica a su cuestionado triunfo electoral en 1988.
Treinta años después de tal reforma, -y aprovechando por segunda ocasión la urgencia de legitimación de un presidente-, el activismo clerical encontró en el nicho de los Derechos Humanos una vertiente de penetración y presión favorable a imponer su agenda de reivindicación política ante el gobierno mexicano.
El milenario pragmatismo clerical se escuda ahora en invocar la libertad de expresión para recibir la aquiescencia del gobierno de Calderón, a fin de dictar línea a su feligresía en contra de los candidatos y partidos que apoyen leyes que consagran los derechos reproductivos de las mujeres o impulsen el reconocimiento de los derechos de las diversidades sexuales.
En ese sentido, la directriz del documento episcopales clara, como lo es su objetivo electoral de impedir el acceso de opciones partidarias que, a criterio del Poder Clerical, pongan en riesgo sus dogmas y por tanto sus mecanismos de control de sus adeptos.
También es indudable que el apoyo de la Segob al documento orientador del clero mexicano, acredita que dentro del pacto forjado entre el gobierno terrenal y el gobierno clerical, dentro de este concordato secreto, el poder de la Iglesia deberá combatir a todo candidato y candidata que defiendan aquellas libertades, calificadas de demoniacas, y desde esa óptica ni duda cabe de que esta Santa Alianza tiene en la mira a las izquierdas coaligadas participantes en el actual proceso electoral.
Resuelto este frente electoral, el Caudillo que coordina la campaña blanquiazul desde Los Pinos, dirige las baterías de su guerra sucia a la caza de cómplices políticos del crimen organizado, y tras la experiencia adquirida en el manejo faccioso de la Procuraduría General de la República y de los aparatos de inteligencia contra-delincuencial, ha llegado el momento de lanzar la información comprometedora, celosamente guardada durante el sexenio.
En este frente de combate electoral, Calderón ha puesto las miras principalmente en el PRI, pero no se descarta que se aplique la receta, corregida y aumentada, del Michoacanazo a toda fuerza política contraria a Acción Nacional y a sus candidatos.
Queda claro que el esquema de ataque y defensa de la plaza presidencial - tomada por el beligerante Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2006-, hará un uso faccioso de las instituciones del Estado que domina, en tanto su aliado, el Poder Clerical, se esforzará por orientar el voto católico a favor de sus candidatos, como parte de la inconfesada alianza que abone al restablecimiento del estado confesional.
En aras a lograr tal objetivo seguramente que el Poder Clerical está dispuesto a recurrir a las fórmulas previstas por la Bula del Papa León X, quien en defensa de la patria celestial pretendió engañar a los luteranos afirmando que los cristianos debían anhelar las excomuniones más que temerlas.
ASIMETRÍAS Y FRAGILIDADES DE LA LUCHA ANTINARCO
“Los ejércitos no son suficientes para salvar una nación; una nación defendida por el pueblo es invencible” Napoleón Bonaparte.
Por José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Dentro de los escenarios mayor riesgo de cara al proceso electoral de 2012, la partidización de la seguridad como tema de manipulación y descalificación entre los adversarios de esta contienda es, sin género de dudas, motivo de honda y legítima preocupación para las Fuerzas Armadas, quienes, como institución del Estado mexicano deben garantizar la seguridad interior de la República como Misión sustantiva de sus responsabilidades de cara a la Nación.
Este supuesto, se nutre y sustenta de la proclividad de la clase política por transformar asuntos institucionales en argumentos descalificadores del adversario a vencer, ignorando y pervirtiendo con ello el escalamiento de la violencia criminal - que se registra en una gran parte del territorio nacional- y cuyas consecuencias debiesen obligar a la clase política a reconocer que el proceso electoral en ciernes no cuenta con las condiciones de normalidad democrática que se pretende hacer creer a la población que se vive en el país.
Con la prudencia obligada por la delicadeza de esta grave situación, el discursos del Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, - que en ocasión del 99° aniversario de la Marcha de la Lealtad, que se rindió en el Alcázar de Chapultepec-, prudentemente ubicó los posicionamientos y razonamientos de las Fuerzas Castrenses, señalando a la par la anormalidad que se vive en el país y las consecuencias directas e indirectas que ello genera al interior de las Fuerzas Armadas y entre la población.
La lectura puntual y minuciosa de la intervención del militar es consecuente con la línea de institucionalidad que el Ejército asumió al momento mismo de recibir la orden del Mando Supremo, de sacar a la tropa de los cuarteles so pretexto de coadyuvar con las policías en una guerra en contra del crimen organizado.
Tan draconiana orden, - y su falta de sustento constitucional-, ha llevado a los mandos militares a solicitar a las autoridades civiles la adecuación de los marcos jurídicos aplicables que permitan a los soldados de la República, emprender acciones en función a un sistemático aplazamiento del supuestos Sistema Policial Mexicano, cuyo responsable parece responder más a los intereses de los Estados Unidos, que a las responsabilidades que constitucionalmente exigió se le otorgaran.
En un ejercicio inédito el General Secretario reconoció públicamente los errores cometidos en la asimétrica lucha que le ha tocado conducir, y cuya evidente fragilidad legal ha generado actos de violación a derechos humanos como consecuencia de la carencia del marco legislativo adecuado, que permita conocer a cada soldado los alcances de su participación en el cumplimiento de las ordenes giradas por el Mando Supremo en diciembre de 2006.
Dentro de las críticas que generó el discurso del Secretario de la Defensa Nacional, hay unas ubicadas en la perversa estrategia electoral que busca posicionar los riesgos a la seguridad interior del país en el esquema de los “obuses” mediático-electoral, cuyo impacto mine la credibilidad del adversario.
No hay nada más dañino al endeble tejido social, que la aplicación de esta maniobra política que despoja de su gravedad al imparable embate criminal, despreciando con ello los resultados que han hecho de la población rehén de su propia existencia, y para cuyas víctimas inocentes las promesas electorales demuestran el absurdo alejamiento de los partidos políticos de su terrible realidad cotidiana, a su profundo sentimiento de desamparo y vulnerabilidad ante un estado de guerra no reconocido por los gobernantes, a pesar de sus devastadoras consecuencias.
A nadie escapa que ante la dramática complacencia de un Congreso - que no ha sabido o no ha querido responder a la impostergable exigencia de precisar, regular y controlar las acciones de las Fuerzas Armadas en la mal llamada guerra contra la delincuencia organizada-, el Ejército y la Marina sólo pueden responder a los ataques criminales y de ninguna manera pueden efectuar las acciones contundentes que la sociedad agraviada les exige ante la incompetencia de autoridades civiles que están más ocupadas en su futuro político, y que por omisión o colusión alienta el avance de esa violencia delincuencial en sus territorios. A fin de superar las asimetrías y fragilidades - delineadas por el General Galván en su discurso del 9 de febrero de este 2012-, es menester que la República sopese la máxima napoleónica, y reconozca que los ejércitos no son suficientes para salvar una nación, entendiendo que éstaexige ser defendida por el pueblo para así ser invencible, es decir que para los mexicanos cualquier estrategia de defensa de nuestra Nación es un fracaso si no contempla la participación y el control de la sociedad como premisas básicas de su defensa
“No existe remedio contra el mal, cuando los vicios se convierten en costumbre” Séneca
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
La apocalíptica imagen del Hemiciclo a Don Benito Juárez circundado por una montaña de desechos, evidenció la fragilidad de nuestra seguridad sanitaria y nuestra carencia colectiva de urbanidad.
Hechos similares han puesto en severos predicamentos a gobiernos y regímenes desde la antigüedad. Baste recordar que hace más de 2 mil 500 años, los patricios romanos accedieron a que los plebeyos tuviesen un representante en el Senado, - el Tribuno de la Plebe-, merced a una huelga de servicios básicos de dos años de duración, que inundó a Roma de todos sus desperdicios.
El desenlace de tal tensión no sólo redituó en lo político al pueblo llano, sino que generó plena conciencia en los gobernantes de la importancia de la seguridad sanitaria como parte sustantiva de la gobernabilidad, a grado tal de que el sistema de recolección y reciclaje romano, - lamentablemente abandonado a partir del Medioevo- es mucho más avanzado en contraste a las acciones ecologistas de fines del siglo XX.
Prueba de ello es el Monte Testaccio, montículo artificial generado por la acumulación de las enormes ánforas belgas a través de las cuales se transportaba el necesario aceite de oliva proveniente de Híspalis.
El sistema romano de recolección y reciclaje obligaba a los romanos a separar sus desechos y entregarlos a los carros estercolaris, cuyos conductores depositaban lo pudrible en el estercolero, lo reciclable – generalmente utensilios de barro- en los alfares, y a los depósitos de madera, y de mármol sus correspondientes desperdicios a fin de que se reutilizaran para satisfacer el irrefrenable consumo de la capital del Imperio.
Las civilizaciones originarias de Mesoamérica dieron muestras de una profunda cultura de respeto a lo que hoy llamamos ecología. Tocante al manejo de los desechos generados por la gran México-Tenochtitlán es menester reconocer que su limpieza, - en particular la del Gran Tianguis de Tlatelolco-, sorprendió tanto a Cortés, como a Bernal Díaz del Castillo y al Conquistador Anónimo.
Sin género de dudas, una de las más lamentables pérdidas derivadas del avasallamiento español fue la concepción del espacio colectivo como una expresión de la vida en comunidad y su obligada sujeción al orden armónico.
Esta visión de equilibrio se suplió por el utilitarista enfoque mozárabe del efímero usufructo del espacio como zoco, es decir sitio de regateo, concepto entendible en el desarrollo de una cultura de mercaderes nómadas, para quienes la convivencia armónica entre comprador y vendedor era innecesaria.
Esta deformación del concepto y del uso del espacio urbano se injertó en la sociedad novohispana como un mal necesario. A pesar de edictos, proclamas y actos de represión, el manejo responsable del espacio público de la urbe ha sido, - y por lo que se ve seguirá siendo- un obstáculo insuperable para inculcar en el individuo y en la colectividad una cultura de respeto al espacio común, como sitio de encuentro y disfrute social, y no como escenario del agandalle y la barbarie, actitudes que además de ir en detrimento de la esencia de la urbe, incrementan los riesgos para la seguridad de la propia población.
Esta madrugada del 5 al 6 de enero, la indignante situación de la Alameda fue replicada en el Eje 1 Norte, - vialidad que limita a los históricos barrios de La Lagunilla y Tepito-, en donde millares de padres de familia acuden a adquirir los regalos de Reyes, tradición comercial que - al igual que la concentración de Santa Closes en la Avenida Juárez- genera toneladas de basura cuyo origen es la irresponsabilidad de todos y cada uno de los que despreciamos los espacios públicos haciéndolos tiraderos de la colectividad.
A ello debemos sumar la desacertada decisión de la autoridad capitalina al facilitar que el servicio de limpia y recolección se transformara en rehén político de la oposición, debido a la presión ejercida por el cierre del Bordo Poniente, y a la falta de un verdadero proyecto alternativo para cumplir con ese compromiso, que le orilló a tomar una acelerada y costosa solución ante el rechazo de municipios circunvecinos para recibir en sus rellenos sanitarios parte de la basura irresponsablemente abandonada por nosotros los capitalinos en las calles de nuestra ciudad.
Como sociedad, las imágenes de la basura circundando nuestra vida nos deben hacer reaccionar, nos deben obligar a modificar nuestra inveterada conducta de tirar la basura en la vía pública, nos debe compeler a remediar que ese vicio se siga viendo, -como sentenció Séneca- como costumbre.
No hacerlo es garantizar que muy pronto el estercolero inunde nuestras vidas por pura desidia colectiva.
HONESTIDAD, JUSTICIA Y AMOR FUNDAMENTOS DE LA REPÚBLICA AMOROSA
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
Con inmejorable oportunidad socio-mediática, en medio de la crisis de ignorancia protagonizada por Peña Nieto y Cordero, alternando con el discurso autoritario de Felipe Calderón y sus embates, amenazas y maldiciones, Andrés Manuel López Obrador nos obsequia un texto inmerso en un discurso sosegado, meditado, ejemplar, en el que ética y cultura afloran por donde se le analice.
Respondiendo a las infundadas críticas expresadas por los jilgueros del régimen y los del Peñismo, el tabasqueño construye argumentativamente su propuesta de República Amorosa, marcando con ello el regreso a la reflexión republicana que marcó a la Nación desde Apatzingán hasta el Cardenismo, cuyos hitos más sobresalientes son, sin género de dudas, Los Sentimientos de la Nación de Morelos, la Constitución liberal de 1857, la revolucionaria de 1917 y la cultural y educativa generada por hombres y mujeres de la talla de los Caso, Rivera o Kahlo por señalar solo a algunos.
Expresado en una estructura simple y de fácil comprensión, López Obrador define a la honestidad, la justicia y el amor como los pilares de la República amorosa.
Abundando sobre los benéficos resultados de este valor universal, López Obrador concluye su argumentación con la más lacerante verdad de nuestra sociedad: Nada ha deteriorado más a México que la corrupción política, reflexión cuya contundencia no deja lugar a la más mínima duda en torno a la urgencia de rescatar este principio rector en beneficio de la vida nacional.
En torno a la justicia, su amplio y documentado discurso acredita que El gobierno y las elites del poder son incapaces de aceptar que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y bienestar originaron este estallido de odio y resentimiento, profunda radiografía surgida de la vivencia cotidiana de quien ha recorrido y escuchado a lo largo y ancho del país y ha constatado las penurias, desigualdades y sus lamentables y destructoras consecuencias sobre el tejido social de un país diezmado por su propio gobierno.
En ese contexto, López Obrador señala con la certeza que sólo brinda la autoridad moral de quien replica el sentir popular, que por el contrario en una especie de enajenación autoritaria, (el gobierno) pretenden resolverlos todo con medidas coercitivas, enfrentando a la violencia con violencia.
Violencia genera violencia, argumento inatacable que acredita la urgencia de recuperar a la justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública.
Al referirse al pilar del Amor, como idea rectora de la República Amorosa, López Obrador recupera para la política el origen mismo de este valor universal como motor de los pactos sociales.
En su disertación sobre el tema acude a los principios de la Constitución de los estados Unidos de 1776, a la declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y a la propia Constitución de Apatzingán, textos fundacionales de los estados democráticos del siglo XVIII y XIX, es decir de la democracia moderna, en donde el amor es partida y destino del pacto social.
Con tal riqueza argumental, López Obrador sustenta la viabilidad política de su propuesta y va más allá, pues propone auspiciar una nueve corriente de pensamiento para alcanzar un ideal moral, cuyos preceptos exalten el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a la patria, exigencia colectiva que, quienes hemos tenido la oportunidad de convivir con diversos sectores sociales a lo largo y ancho del país encontramos que la recuperación de valores es un reclame unificador de una sociedad abandonada por su gobierno a la suerte de la violencia criminal y la respuesta oficial de las instituciones.
Sabedor de este Sentimiento colectivo, el precandidato del Movimiento Progresista propone convertir en código de bien, la recuperación de estos valores y para ello convoca a los estudiosos a la elaboración de una Constitución Moral es decir de generar un pacto social deontológico (del ser y deber ser) y asume públicamente el compromiso de fomentar esos valores mediante todos los medios posibles, introducir en la enseñanza la educación oral, darle toda la importancia al civismo, la ética y filosofía.
Ni duda cabe de que el documento dará mucho de qué hablar, pero será también el argumento fundamental del programa de gobierno del Movimiento Progresista, por lo que su apuntalamiento desde la plataforma electoral y las líneas discursivas de todos los candidatos de las izquierdas, generarán una corriente favorable de opinión que, de cara a los munidos y desgastados argumentos electorales de las Derechas (PRI-PAN y demás coaligados) sustentan la certeza de lograr alcanzar la presidencia por el apoyo popular.
México requiere una regeneración gubernamental, legislativa y judicial que sólo puede construirse con la recuperación del Código Civil de Ética que López Obrador está convocando a construir.
BOCANADA DE ÉTICA POLÍTICA PARA EL D.F.
“Al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades”. Felipe González Márquez.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera El compromiso signado por las dirigencias de los Partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y el de la Revolución Democrática, a fin de constituir la coalición denominada Movimiento Progresista, se inscribe en una nueva etapa que preconiza el fortalecimiento de principios sustantivos para nutrir la urgente transformación de México.
Antecedido por el meritorio ejercicio de ética política protagonizado por Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, - los dos más importantes aspirantes a la presidencia de la izquierda-, los partidos y las corrientes de expresión se vieron orillados a concretar un pacto de largo aliento, que al mismo tiempo dio cauce a la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos que confían en que en unidad, en una coalición completa, la izquierda mexicana cumplirá de mejor forma con su alta responsabilidad histórica, a fin de consolidar una profunda regeneración democrática de un país inmerso en el dolor, la pobreza, la muerte, la exclusión y la violencia.
La expectativa generada exige a las dirigencias partidarias una izquierda que destierre la confrontación estéril, la incomprensión e intolerancia, y obliga a que se apresten a contribuir a la construcción de la República amorosa con dimensión social y grandeza espiritual, que delineó Andrés Manuel López Obrador en su discurso del 15 de noviembre, al ser reconocido como el mejor posicionado en las encuestas realizadas a su nombre y al de Marcelo Ebrard a fin de dirimir la candidatura de izquierda en condiciones de civilidad.
Para lograr el noble objetivo propuesto por López Obrador, resulta imprescindible que el Movimiento Progresista asuma como principio rector la recuperación y el rescate de la ética en la política, propuesta legada por Don Adolfo Sánchez Vázquez, paradigma de la izquierda mexicana, quien a través de su obra Ética y Política acreditó la vigencia de valores en la política y su indivisible vinculación con la vida pública y privada de las izquierdas y sus militantes.
Con la autoridad moral que sustentó la firmeza de sus convicciones y su congruencia militante, Sánchez Vázquez reivindicó la vigencia de la solidaridad frente al egoísmo; de la disciplina consciente frente a la arbitrariedad; de la lealtad frente a la deslealtad; de la honestidad frente a la corrupción; de la tolerancia frente a la intolerancia; de la transparencia frente al doble lenguaje; de la modestia frente a la vanidad o afán de protagonismo; de la coherencia entre el pensamiento y la acción, y de la independencia de juicio frente al seguidismo, prácticas que impiden entrar en contradicción con los fines emancipatorios que la izquierda defiende y proclama.
El arranque de esta alentadora expectativa se finca en el profundo valor del acto a través del cual Ebrard y López Obrador brindaron una bocanada de ética política al demostrar la factibilidad de la unidad de objetivos por sobre la pluralidad de estrategias, zanjando con su conducta las divergencias, desencuentros y enconos de algunas dirigencias partidarias que amenazaban, no sólo la viabilidad de una propuesta de izquierda electoral, sino de la propia democracia mexicana, al dejar el campo abierto al bipartidismo simulado, al que tanto apuestan los poderes fácticos nacionales y extranjeros.
Es deseable que en aras del cauce abierto por el precandidato López Obrador y el Jefe de Gobierno capitalino, las dirigencias de la izquierda del Distrito Federal repliquen a nivel local este ejercicio ético, a fin de fortalecer candidaturas que garanticen y consoliden la dimensión social y la grandeza espiritual de la ciudad solidaria y amorosa forjada por la izquierda desde 1997, lo que en la práctica solo se puede acreditar con la corrección y erradicación de conductas, programas o proyectos cuestionables, y con la decidida adopción de la ética como eje rector de la política capitalina, fortalecida por los principios éticos legados a la izquierda por el fallecido Doctor Adolfo Sánchez Vázquez.
La lección de este proceso, - que echó por tierra todo augurio rupturista- demostró a la Nación la existencia de políticos que han aprendido a responder a lo que el ex presidente español, el socialista Felipe González Márquez, calificó como la ética de las responsabilidades, ética inherente al ejercicio del poder público con plena convicción en los principios de la ética democrática, tan necesaria para propiciar la urgente regeneración nacional exigida por millones de compatriotas a lo largo y ancho de nuestro atribulado país cuyas voces sustentan la propuesta de López Obrador, quien atentamente los ha escuchado y en base a sus legítimos reclamos y aspiraciones ha vertebrado su Nuevo Proyecto de Nación.
IMPUNE OFERTA DEL PATRIMONIO CULTURAL
Lunes 14, noviembre 2011.
“Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír” George Orwell
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Seguramente envalentonado por el aura de impunidad que protege corrupciones y destrucciones patrimoniales, el Director del Museo Nacional (Munal) sigue los pasos de conspicuos personajes impuestos por Felipe Calderón al frente de instituciones culturales del país, como el caso de Teresa Vicencio al frente del Instituto Nacional de las Bellas Artes y el Lic. Manuel Villalpando, titular del Fideicomiso del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
Emulando el autoritarismo patrimonial que gestó la destrucción del discurso arquitectónico de la Sala Principal de la Sala de Bellas Artes, y a la insultante opacidad que campea en la administración de los cuantiosos recursos destinados a los insulsos eventos financiados por el Fideicomiso Bicentenario, varias empresas ofertan con singular entusiasmo la privatización momentánea del espacio cultural que le ha sido confiado a la Dirección del Museo, quien consiente encuentros románticos e íntimos en la exquisita atmósfera propiciada por la concepción arquitectónica del majestuoso Palacio de Comunicaciones, y decorado con extraordinarios ejemplos de la creatividad de los grandes pintores, cuyas obras –expuestas ahí-, conforman parte importante del patrimonio pictórico del pueblo mexicano.
Inserto en un portal de tres empresas especialistas en organización de eventos, la sede del Museo Nacional de Arte es ofrecida como un espacio propicio para peticiones de mano,- por tan sólo $ 34 mil 800 pesos con IVA incluido-, para organizar cocteles, ambigús y banquetes hasta para 450 personas.
Tan sólo en lo que va del 2011, la reportera Mónica Mateos-Vega de La Jornada acreditó 20 eventos privados, destacando entre ellos un coctel para 450 personas para una empresa publicitaria, eventos por los que el funcionario dice obtener un pago uniforme de $ 5,000.00 pesos, sin distingo si se trata del alquiler de un salón a una pareja o si se renta todo el inmueble para un promedio de 450 asistentes.
La contundencia de las evidencias, puso al descubierto la opacidad del funcionario sobre actividades no contempladas por el reglamento del Museo, y la propensión de Acción Nacional por rentabilizar la cultura, demostrando con ello la peculiar visión que sobre la transparencia, la honestidad y el Estado de derecho, tienen la mayor parte de los funcionarios y legisladores blanquiazules cuando se trata del patrimonio – sea energético o cultural- del pueblo mexicano.
Tal y como ocurrió con el escándalo desatado por la sesión fotográfica tomada en las instalaciones de la Mega Biblioteca José Vasconcelos en febrero de 2007, - cuyo reglamento estipulaba que sus actividades se constreñían al préstamo, clasificación y conservación del acervo literario bajo su custodia-, el Museo Nacional de Arte está exclusivamente facultado para exhibir, conservar, difundir y estudiar el patrimonio artístico que le fue conferido o que recibe en préstamo temporal para su exhibición pública.
Bajo esa premisa, el alquiler de las instalaciones del Munal no está permitido y regulado, muy a pesar de existir un convenio signado en 1995 con su Patronato a fin de recaudar fondos a través de eventos organizados en sus instalaciones.
No sorprende constatar que pese a ese acuerdo con prominentes empresarios, ningún funcionario se hubiese ocupado por reglamentar dicha situación, pues la indefinición favorece la opacidad de los ingresos provenientes de este tipo de actividades, las cuales, por cierto, deben sujetarse a la normatividad internacional y de Protección Civil a fin de garantizar la preservación y resguardo de sus acervos por sobre la rentabilidad de los espacios que los albergan.
No contento con el condenable uso patrimonialista del inmueble y de la colección pictórica a su cargo, Miguel Fernández Ortiz, resulta ser además de opaco, un violador de Derechos Humanos y de Garantías Individuales, según la denuncia del articulista Jaime Avilés, quien afirma que descolgó una caricatura de Rafael Barajas El Fisgón,- incluida por el curador de la exposición temporal Los sueños de una nación, un año después del bicentenario”- a través de la cual el monero ejerció su derecho a la libertad creativa, consagrado desde mayo de 2009, por la Constitución.
La deliberada violación acredita la ignorancia y el desprecio de la burocracia impuesta al frente del otrora prestigiado Instituto Nacional de Bellas Artes, pues como bien concluye el documentado ensayo Las controversias de la libertad en las artes visuales del Doctor Jorge Sánchez Cordero, La reforma al artículo 4° párrafo IX de la Carta Magna, le asegura a las artes visuales la libertad de su lenguaje simbólico, indispensable para su creación, proscribiendo con ello la censura a la que tan afecta son los gobiernos blanquiazules.
Por ello, - y parafraseando a Orwell- si la libertad creativa significa algo, será, sobre todo el derecho a caricaturizar aquello que el Poder no quiere ver.
CONSULTA POPULAR: ENTELEQUIA LEGISLATIVA
“La democracia es la necesidad de doblegarse, de vez en cuando, a las opiniones de los demás” Sir Wiston Churchill.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
La propuesta esgrimida por el PRI en su argumentación a favor del dictamen a las reformas a la Minuta de la Reforma Política, -presentada por el Dip. Solís Acero en la Tribuna de San Lázaro-, delineó la Consulta Popular: a propuesta del Presidente, (o) del 33% de cualquiera de las dos Cámaras o hasta el 2 por ciento de la Lista Nominal de Electores se podrá convocar a una consulta ciudadana.
Tal pretensión pervierte la naturaleza del instrumento fundamental de la democracia directa, que no es otro que la citada Consulta Popular o ciudadana, y que al fusionarla con los mecanismos de la democracia participativa, como los son el Plebiscito (Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía o poderes excepcionales.) y el Referéndum(Procedimiento jurídico por el que se somete al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación se propone al pueblo) convirtieron la propuesta en un engendro legislativo de lamentables consecuencias para la democracia.
Tal mixtura de mecanismos - a la par de ayudar al Ejecutivo y Legislativo a deslindarse de las obligaciones inherentes a Plebiscito y Referéndum-, descaradamente favorecen a la clase gobernante en detrimento de los gobernados.
Baste constatar la desproporción de peso de los convocantes, pues mientras el Presidente de la República, por sí solo está facultado para iniciar el proceso, el Senado requiere del concurso de 42 Madres o Padres conscriptos o la Cámara de diputados deberá de contar con la firma de 165 diputados, en tanto que el pueblo deberá recabar 1 millón 538, 738 firmas y copias de credencial de elector vigentes de ciudadanos inscritos en el Listado Nominal del IFE, cuyo universo, al cierre del conteo del 14 de octubre era de 76 millones, 936 mil, 894 enlistados.
Si bien es cierto que durante el debate se acordó reducir del 2 al 1% el número de firmas solicitantes, estamos hablando de un total de 769 mil 365 electores distribuidos en relación al 1% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada uno de los 300 distritos electorales en los que se ha dividido al país, titánica hazaña a la que hay que agregar la abismal diferencia de accesos a medios de difusión que existe entre el titular del Ejecutivo cualquiera de los legisladores, o una organización ciudadana interesada en ejercer su derecho a consultar sobre cualquiera de los asuntos que se acordaron como susceptibles de ser sometidos a dicho mecanismo que a todas luces resulta abusivo e inequitativo.
Bajo esta construcción legislativa resulta más que evidente que la iniciativa del PRI, avalada por el PVEM y el Panal, resultó una entelequia legislativa, que más que generar condiciones reales de acceso a los instrumentos de democracia directa y participativa los mutó en una cosa irreal que sólo beneficiaría a la clase gobernante en detrimento del Artículo 21 de la declaración Universal de los derechos Humanos que estipula que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes, disposición que antepone la democracia directa por sobre la participativa.
Gracias al resultado de la votación, se anuló de tajo un paradigma del pragmatismo político que el PRI pretendió aprovechar al proponer que a través de un Cuarto Transitorio, -y con la salvedad de que por excepción se llevara a cabo la primer Consulta Popular antes de las elecciones federales de 2012-, se consultara a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con la reelección legislativa, propuesta planteada en las postrimerías de su administración por Enrique Peña Nieto, precandidato a la presidencia de la República por ese instituto político.
Es pertinente recordar que la exigencia ciudadana por contar con instrumentos de democracia directa, - como es la consulta popular-, y de democracia participativa, - como lo son el Plebiscito, el Referéndum, la Rendición de Cuentas, la Revocación de Mandato y la Iniciativa Ciudadana-, requieren de la clase política y gobernante, lo que atinadamente Churchill señaló: doblegarse, de vez en cuando, a las opiniones de los demás, es decir asumir como obligación del gobernante la consulta popular, como mecanismo inherente a la Democracia, tal y como ocurría en el Ágora ateniense, en donde la consulta directa al pueblo fue distintiva del legado democrático de la Grecia de Pericles.
RÉQUIEM POR UNA UTOPÍA INCONCLUSA
“De las causas perdidas también se alimenta la resistencia de hoy” Carlos Monsiváis
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
A pesar de augurios y presagios, algunos sectores de la sociedad, - convencidos de los beneficios de una pluralidad política como elemento sustancial a la democracia-, esperaban que el proceso de elección de los integrantes de los órganos directivos del PRD, llevada a cabo el 23 de octubre pasado, fuese una oportunidad, para que ese partido desterrara del imaginario colectivo las estridencias y enconos que han caricaturizado a esa institución política, surgida del movimiento democrático más pujante de las postrimerías del siglo pasado.
Ilusamente, se esperaba que las amargas experiencias del pasado perredista se viesen superadas ante un responsable análisis del momento decisivo en el que se debate una debilitada vida democrática ante un autoritarismo criminal - y a la vez ramplón-, cuya obsesión por la violencia y la derrota de su cuna partidaria mantiene al país en vilo.
Aún dentro de las bases militantes del PRD se albergaba la esperanza de que los líderes supieran estar a la altura de las circunstancias, propiciando el fortalecimiento de los ideales democráticos, marcando una rotunda diferencia con el “dedazo” y la “bufalada”, como figuras de imposición y avasallamiento, o la franca simulación democrática, pactada por las cúpulas partidarias y las de los poderes fácticos.
Lamentablemente, la mezquindad y ambiciones personales se impusieron a esas sólidas razones y a los principios fundacionales del sol azteca, y en un alarde de las más ruines estrategias de baja política, - a través de la fuerza física y del uso de golpeadores profesionales-, en la madrugada del 22 de octubre se obstaculizó la entrega del material electoral del Distrito Federal y de otros estados, con lo que el proceso electoral quedó truncado e inserto en el vituperio y la deshonra.
Tan condenable acto, mostró a la sociedad que en el PRD la violencia y la amenaza valen más que la voluntad y la convicción democráticas de la gran mayoría de sus militantes, profundizando con ello la mala imagen que desde la República Mediática se ha construido, a fin de desprestigiar a la izquierda como válida opción de gobierno, a pesar de los logros y avances que sus administraciones han acreditado, sobre todo en el Distrito Federal.
Para el imaginario colectivo, - que no entiende de tribus y corrientes -, se patentizó que para el PRD la democracia es sólo una palabra recurrente en el discurso, que la simulación, el acuerdo en “lo oscurito” y el poder económico son las verdaderas metas de sus dirigentes, y que el agandalle y las alianzas “hasta con el diablo” son sus objetivos, simple y llanamente porque son rentables.
De haber entendido que el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación representaba para el PRD una oportunidad de excepción, todos los integrantes de la dirigencia, sin excepción, hubiesen hecho lo imposible por evitar repetir el lodazal y el cochinero que unos a otros se lanzan.
La cerrazón de conspicuos líderes demostró su tácito desprecio a la esperanza de quienes albergaban la posibilidad de que esta elección no fuera el Réquiem a una utopía inconclusa que inició hace 22 años al abrigo de principios e ideales libertarios, de justicia y con un compromiso de generar condiciones reales de democracia y una Patria para todas y todos.
Lo ocurrido entre el 22 y el 24 de octubre es la más artera traición a los más de 600 compañeros que perdieron la vida por construir ese partido, y asimismo a los miles de militantes y simpatizantes que le brindaron sus mejores esfuerzos y desempeños por convicción y entrega a la causa surgida el 5 de mayo de 1989, y cuya pujanza se frenó cuando sus principios fueron desterrados por quienes transformaron al partido en una agencia de colocaciones y en una apetitosa fuente de recursos económicos.
La izquierda partidaria, aglutinada en el PRD, sufrió un severo revés con el desenlace de su último proceso interno, menos mal que la izquierda societaria, la que entendió que esa burocracia partidaria deshonraba los principios con pragmáticas alianzas, aquella que trabaja a ras de piso, que sostiene convencida círculos de estudio, grupos de reflexión y cree en la regeneración por la vía pacífica, o se inserta en otras expresiones partidarias afines al proyecto plasmado en 1989, está más viva y dinámica que nunca.
Por ello y parafraseando a Carlos Monsiváis, menos mal que de la causa perdida - en que se transformó el PRD-, se alimenta la resistencia que hoy nos convoca a regenerar a la Nación, y a construir el cambio verdadero que México merece.
TENTACIÓN TIRÁNICA
“Son tiránicos y arbitrarios los actos exercidos contra un ciudadano, sin las formalidades de la Ley” Artículo 28 Constitución de Apatzingán.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Desde el 2007 hemos insistido en que la supuesta militarización de la República es más un distractor que un objetivo en Felipe Calderón.
La verdadera intención del inquilino de Los Pinos ha sido - y sigue siendo- generar un Estado policial que le permita ejercer su tiranía a través de un exacerbado control social, pretextando para ello la guerra que declaró en diciembre de 2006 en contra de la delincuencia organizada.
La convergencia de intereses del michoacano y de los Estados Unidos ha propiciado la instauración de un protectorado policiaco-penal en México, pieza fundamental en la estrategia yanqui de integración subordinada, toda vez que facilita la construcción desde cero de un aparato civil que ejerza el monopolio de la violencia dentro de parámetros que homologados a los de las policías, jueces y prisiones estadunidenses.
Es evidente que esta faceta de integración reduce las tensiones con unas fuerzas armadas, a las que un día sí y otro también, los estadunidenses califican de obsoletas e ineficientes, - según lo acreditan las filtraciones de WikiLeaks- y en cuyos integrantes encuentra una firme trinchera ideológica de defensa nacional que entorpece cualquier viso de integración subordinada y a quienes desgastan día a día enviándoles a combatir a los narcos, en tanto se preparan las corporaciones estilo Law & Order financiadas por la Iniciativa Mérida.
Es por ello que a nadie debe sorprender el exagerado interés manifestado por los estadunidenses en torno a las reformas de seguridad y judicial, pues éstas forman parte sustantiva en su agenda de homologación de sistemas judiciales entre los países miembros del ASPAN, entre los cuales México es de alta prioridad.
La expedición de un nuevo Código Procesal Penal - enviada por el Ejecutivo al Congreso Mexicano el pasado 22 de septiembre- , se ubica en ese mismo contexto, y por ello delata el espíritu reduccionista de derechos y libertades sociales y civiles, que demócratas y republicanos adoptaron a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que ahora exportan a la frontera sur so pretextos de su Seguridad Doméstica.
La abismal diferencia entre Estados Unidos y México se ubica en la existencia de una guerra no convencional que se libra en territorio mexicano; en las más de 50 mil muertes violentas que ésta conflagración ha causado; en el descomunal éxodo interno de mexicanos motivado por el escalamiento de la violencia criminal en sus lugares de origen y en los inmorales índices de infiltración criminal y corrupción que registran las dependencias judiciales y policiales del país.
En tanto que la población estadounidense enfrenta severos problemas económicos, los mexicanos nos enfrentamos a la violencia criminal y a la ambición tiránica de un Ejecutivo al cual no le tiembla la mano para proponer mecanismos procesales y penales que hieren de muerte el principio de la presunción de inocencia y hace de todos y cada uno de los mexicanos individuos sospechosos y por ello rehenes de nuestras propias autoridades.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo desconoce de facto la sustantiva transformación del Pacto Social, que reconoce a los derechos humanos del pueblo mexicano como su columna vertebral, y en su desplante tiránico el mandatario excluye éste avance pretextando la inseguridad y su cauda de violencia, enarbolándola no para combatirla sino para subvertir el principio legado por la Constitución de Apatzingán de que Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declara culpado.
Con esta acción Calderón se juega una última carta, para tratar imponer su tiranía y la arbitrariedad sobre las que con tanta claridad nos alertaron los Constituyentes de Apatzingán un 22 de octubre de 1814.
Esperemos que los legisladores de éste siglo, imbuidos por el espíritu fundacional de la República, restituyan la autonomía al Ministerio Público, lo fortalezcan y con ello reorienten la iniciativa presidencial.
EL COMERCIO TAMBIÉN ES CULTURA
“La ausencia de contenido se remplaza por la sobreabundancia de escenografías”
Carlos Monsiváis.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
Como parte resultado de la denuncia ante la UNESCO que en 2008 generaron las demoliciones efectuadas por la autoridad capitalina, bajo el argumento de establecer en esos solares plazas comerciales, el organismo internacional requirió al Gobierno de la capital la elaboración de un Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, que a fines de agosto se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Es de reconocer el trabajo de integración y aportación que conforman el documento presentado al respecto, el cual garantiza programas, proyectos y acciones interdisciplinarias que requieren de la voluntad política para concretarse toda vez que las responsabilidades sobre el territorio del Centro Histórico además de compartirse entre los tres niveles de gobierno, requieren del concurso de múltiples actores sociales, destacando en ellos el empresarial y el clerical.
Partiendo del conflicto que dio origen al prolífico trabajo presentado, era de suponerse que el tema del comercio popular sería abordado a mayor profundidad y alcance, pues resulta harto evidente que el esquema propuesto durante la Regencia de Camacho Solís ha fracasado en todas sus reediciones, ya que aborda al ambulantaje como reacción anti-social y no como ancestral expresión cultural, firmemente arraigada en el imaginario colectivo de quienes lo ejercen y de quienes se surten en él.
Desde el Primer Programa Integral de Comercio en la Vía Pública, encargado por el Ing. Cárdenas a Saúl Escobar en 1998, planteamos la necesidad de abordad transversalmente el tema, advirtiendo que ceñir sus causas a erradas políticas económicas y a la sujeción priísta del corporativismo, ignoraba de tajo su calidad de arraigada expresión cultural y que en el Centro Histórico se remontaba al siglo XIV de forma ininterrumpida.
A fin de sustentar el argumento aportamos las múltiples ordenanzas, leyes municipales y federales emitidas desde el siglo XVI, a través de las cuales se ha buscado prohibir el espacio público para la venta, y se ha ordenado recluir al comercio en espacios determinados para ello.
El programa iniciado en los 90, siguió esa línea fracasada, y las plazas inauguradas, pronto se transformaron en bodega y sirvieron para fortalecer liderazgos emergentes, pero sobre todo para doblar el número de adherentes a las organizaciones de ambulantes, lo que incrementó el voto corporativo de ese sector.
No obstante estos patentes yerros, las administraciones perredistas se han empeñado en mantener - como si de un paradigma se tratara – el objetivo de recluir al comercio ambulante en plazas como solución a un problema de estética, con una profunda carga de exclusión social, pues bajo la bandera del urbanismo, se oculta el objetivo clasista de un Centro Histórico “bonito” y “limpio”, y la instauración de una política restrictiva, garantía de un nicho inconmensurable de corrupción y de un atractivo número de votos corporativos.
Por ello resulta extraño que El Plan de Manejo presentado por esta administración excluya al sector de comerciantes populares del muy loable proceso de formación ciudadana y conservación del patrimonio, pues ello anula que se integren a un mecanismo de apropiación colectiva al que le hemos apostando desde 1998.
Durante la gestión del Arq. Legorreta pudimos acreditar que la inclusión y la difusión del patrimonio cultural del Centro Histórico entre quienes viven de él, es pieza fundamental para generar la transformación del depredador a convencido defensor de la riqueza cultural del espacio en que desarrolla sus actividades comerciales.
El dinamismo inherente al Plan Integral de Manejo permite replantear esa estrategia y hacerlo facilitará un proceso de inclusión y apropiación de un pasado histórico que sorprendió a Bernal Díaz del Castillo en el tianguis de Tlatelolco, pasado consistente en los principios de orden, concierto y pulcritud que maravillaron a los conquistadores.
Reapropiarse y resignificar la pochtecayotl como legado vital de la Ciudad e insertarla como un requisito obligado para ejercer cualquier actividad comercial en el Ombligo del Mundo, facilitará la convencida adopción de disposiciones cívicas que redunden a favor de una revitalización integral de nuestro Centro Histórico.
Seguir dejando ausente de este contenido cultural los apoyos del desarrollo comercial del Plan Integral de Manejo será, - como sentenció el agudo Monsiváis-, facilitar en nuestro Centro Histórico la sobreabundancia de simples escenografías, al gusto del gringo.
CONJURA PALACIEGA
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
A nadie escapó la extraña actitud asumida por el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Javier Corral, de convocar a los integrantes de dicho colegiado para dictaminar la Ley de Seguridad Nacional.
Nadie olvida que dicha acción provocó la ruptura del Dialogo pactado en Chapultepec con los integrantes del Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia, a cuyo frente se ubica al poeta Javier Sicilia.
Tras superar las diferencias e informar públicamente la reanudación de las pláticas por los agraviados, la Segob integra contrapesos de mayor nivel político e igualdad en sufrimiento a fin de generar nuevas tensiones entre actores sociales.
Como parte de la estrategia de acotar la interlocución del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se inscribe la lacónica declaración de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Coparmex a quien le asiste toda la razón de declarar que ese gremio también es víctima de la violencia, reproche que lo integrará a la Mesa de Diálogo.
El dato que aporta la sospecha de que existe una Conjura Palaciega en contra de la posibilidad de acotar el uso faccioso de las Fuerzas Armadas a través de reformas legislativas, quedó a cargo del Subsecretario de Enlace Legislativo, Jorge Marcos Gutiérrez, quien generó un escollo más al proceso de diálogo auspiciado por el mismo Ejecutivo como parte de una táctica dilatoria al proceso legislativo que, sobre el tema, tiene lugar en San Lázaro.
El burócrata de marras, - curiosamente enlace legislativo entre Blake y el Congreso-, el pasado 18 de agosto airadamente descalificó la invitación hecha por Javier Sicilia al Ejército y a la Marina para incorporarse a la Mesa de Diálogo. La abrupta declaración del Subsecretario Gutiérrez violentó el principio de división de Poderes, -pues la invitación se giró desde la sede de la Cámara de Diputados- y denigró a las instituciones castrenses al darles el trato de dependencias subordinadas a Gobernación y no de Instituciones del Estado Mexicano, como contempla la Constitución.
Ante la histérica reacción del funcionario podemos intuir el pavor que genera al Ejecutivo la construcción de una solución legislativa consensada, que le obligue a asumir su responsabilidad en el desastre en el que ha sumido al país en materia de inseguridad y violencia criminal, lo que se traduciría en someter las decisiones de Calderón – y de quien ocupe la presidencia partir del 2012- al imperio de una ley, que desde hace 150 años contempla mecanismos constitucionales claros para afrontar una perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y cuyos instrumentos y procedimientos fueron claramente delineados desde esa época, sometiendo al Ejecutivo al control ciudadano representado por el Poder Legislativo.
Esta añeja disposición, implícitamente regula la facultad presidencial de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada….para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, y en concordancia debe dar cuerpo a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional acorde al principio de que la seguridad es el Derecho Omnigarante de los Derechos Humanos, pues sin ella es impensable ejercer en libertad cualquiera de ellos.
Es evidente que el temor a la participación y al control ciudadanos está en el centro de la conjura que en contra de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se percibe en las acciones del Ejecutivo federal.
Baste recordar que la respuesta al pedimento castrense, plasmado en el discurso del 19 de febrero de 2007, se dio hasta mayo de 2009, y que de ahí en adelante todos han sido obstáculos para impedir su aprobación.
En tanto nuestras fuerzas armadas se debaten entre la obediencia al Mando Supremo y la obediencia a la Ley Suprema, que gracias a la revolución pacífica y silenciosa de la sociedad logró reconocer a los Derechos Humanos como columna vertebral del pacto social de los mexicanos, complementando con ello el gran avance constitucional que representó, en 1857 la consagración de nuestras garantías individuales y, en 1917, el reconocimiento de nuestros derechos sociales.
Acorde a la sentencia del filósofo francés Michael Onfray, la actitud pública del subsecretario Gutiérrez - y de quienes están detrás de él-, al suprimir el diálogo entre el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad y las Fuerzas Armadas, conjura el problema que un acuerdo entre el pueblo y sus Fuerzas Armadas podrían generará al autoritarismo de su jefe Calderón.
CUIDANDO LA SEGURIDAD EN TIEMPOS DE GUERRA
“…los militares nada tienen que hacer, por sí y ante sí, si no son requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles” Voto particular de Don Ponciano Arriaga.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
La revelación del The New York Times acerca de la solicitud del Ejecutivo mexicano a su contraparte estadunidense para fortalecer la lucha en contra del crimen organizado a fin de incrementar el número de agentes de la CIA, DEA y del propio Pentágono, actuantes en nuestro país tiene el inconfundible tufo a Antonio López de Santa Anna, al demostrar los niveles de degradación a los que Calderón ha llevado la Independencia del país.
La irrefutable cesión de Soberanía que constituye el establecimiento del Centro de Fusión en Nuevo León, - aceptado por el vocero Poiré- se eclipsó ante la catástrofe económica mundial y ante los efectos de la ira del poeta Sicilia y sus amagos rupturistas, aminorados por una inusual condescendencia legislativa, que en voz de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Josefina Vázquez Mota comprometió el proceso legislativo al trabajo en Conferencia con el Senado y a una inédita revisión del dictamen por parte de los integrantes del Movimiento por la Paz.
Harto sospechosa nos parecen las actitudes de los diputados panistas Javier Corral y Josefina Vázquez Mota, el primero como detonador de una crisis - sobredimensionada por la Junta de Coordinación Política - , y que dio juego a la aspirante blanquiazul a esgrimir una parcial y obsequiosa actitud a favor de un movimiento social que desde un inicio ha refrendado la cruz de su parroquia, es decir su origen eclesial.
Por el respeto que nos merece el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fundamentalmente por su legítima exigencia de atención a las víctimas de la guerra y su propuesta de generar un esquema de reconciliación nacional, es menester alertarlo acerca de las manipulaciones partidistas que de sus postulados se están percibiendo y de las graves consecuencias que para el país y la sociedad representa el postergar, una vez más, los urgentes controles sociales al autoritarismo y los abusos presidenciales que en su negada guerra contra el crimen organizado ha generado a los Derechos Humanos de la población, a la Soberanía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas, lo que debe obligarnos a cuidar nuestra seguridad como el derecho omnigarante del libre ejercicio de nuestros derechos humanos.
La reticencia a cumplir con los mecanismos de control legislativo que contempla el artículo 29 constitucional, generó la muy tardía respuesta de Calderón a la solicitud de las Fuerzas Armadas de contar con el marco jurídico inherente a su orden de salir a la calle so pretexto de coadyuvar con las autoridades civiles en acciones de seguridad pública, certeza jurídica solicitada por el General Galván, al inicio del 2007.
Fue hasta mayo de 2009 que el titular del Ejecutivo encontró la forma de darle la vuelta a tales controles, y propuso integrar en la Ley de Seguridad Nacional disposiciones para regular las facultades que la fracción VI del artículo 89 le confieren para preservar la seguridad nacional e interior, buscando por todos los medios impedir el más mínimo menoscabo a su discrecionalidad para disponer de las fuerzas armadas.
La actitud del Ejecutivo panista, defendida por su partido en el Congreso - y peligrosamente coincidente con quienes desde el tricolor anhelan el retorno de “su” absolutismo presidencial – sublevan a los sectores extremistas de izquierda y a la sociedad, generando un conveniente “impasse” legislativo que permite a Calderón como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, seguir ordenando a sus subalternos acciones que constriñen a la seguridad a un mero servicio del Estado, vulnerando con ello el espíritu garantista que, tras la reforma constitucional a favor de los Derechos Humanos debe marcar su reconocimiento como tal.
Por ello es urgente reparar el daño perpetrado al país por el autoritarismo de Ejecutivo Federal, e imbuidos en el espíritu de reconciliación que enarbola el Movimiento por la Paz, resulta imperativo recuperar el voto particular que Don Ponciano Arriaga emitió en torno al actual artículo 129 de nuestro pacto social, y en el que en clara alusión al Mando Supremo y a la tropa les subordinó al requerimiento, mando y autorización de las potestades civiles, reprobando cualquier acción por sí y ante sí, como ilegalmente ocurre con una guerra que pisotea derechos y soberanía.
CONTROL CIUDADANO, CONDICIÓN BÁSICA EN MEGAPROYECTOS
“Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición que no sea con daño de tercero” Miguel de Cervantes
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
Como una maldición sobre la ciudad se ciernen una serie de “megaproyectos” sexenales cuyo destino manifiesto es ser paradigmas de la avaricia y corrupción burocrática de quienes los impulsan.
En tanto el gobierno capitalino batalla en contra de la oposición que generan sus mega obras viales, como la Supervía o la línea 4 del Metrobús, y que ante la argumentada oposición de los vecinos de San Ángel dio marcha al mega rescate de los ríos de San Ángel, el gobierno de Calderón decide imponer unilateralmente una serie de obras para nuestra ciudad.
Patentizando el más absoluto desprecio a la indignación social generada en torno a la Mega Biblioteca José Vasconcelos, - mayúsculo desatino del foxismo cuyos excesivos costos y ausencia de proyecto quedaron cubiertos por el velo de impunidad que los panistas tejieron para ocultar sus fechorías-, la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar, ha presentado una serie de proyectos para transformar esta ciudad.
Es de reconocer el celo de la titular del Conaculta para rescatar los acervos bibliográficos de insignes pilares de nuestra cultura - como Don José Luis Martínez o Carlos Monsiváis entre otros, cuyas vastas colecciones patentizan sus espíritus investigativos- para ponerlos al servicio de la comunidad, entendiendo que para ello se requiere de un espacio idóneo para facilitar su consulta.
Contrario a la lógica que consideró que esos acervos podían enriquecer a la “joya del foxismo”, el Conaculta determinó generar una adecuación de la Biblioteca México de Balderas, para albergar esas ilustres colecciones, determinación – que veladamente nos concede la razón a quienes denunciamos los fallos y riesgos estructurales de la Mega- que se sustenta en las difíciles condiciones de la edificación de Buenavista para resguardar acervos de tal relevancia.
En ese intempestivo activismo constructor del peligroso Año de Hidalgo, se anuncia con bombo y platillo la sustitución de nuestra humilde Cineteca de Xoco, - herencia de las crisis económicas que impidieron restituir la siniestrada sede de Río Churubusco-, por un Mall cinematográfico cuya viabilidad económica se respalda en la comercialización de espacios a fin de satisfacer las necesidades “básicas” de un público cinéfilo con cafeterías, restaurantes, librerías y, evidentemente, tienda de dvd´s.
En un sospechoso segundo plano quedó, lo que debiese ser la prioridad del proyecto. Nos referimos a construir con tecnología de punta las bodegas que aseguren la integridad del patrimonio filmográfico que alberga la institución, del paso del tiempo, la temperatura y sobre todo de la posibilidad de ser pasto de las llamas por la inherente emisión de gases de los rollos originales de nuestro acervo “clásico”.
Por su parte, el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, - decidido impulsor del fallido y aberrante proyecto Resplandor Teotihuacano - , inició la recuperación del exuberante claustro mudéjar del Convento de los Mercedarios cuyos sólidos muros albergarán el Museo del Textil y la Indumentaria y de la Música, facilitando el uso del extraordinario monumento colonial con la cobertura de su patio, lo que seguramente le permitirá alquilarlo para eventos sociales, empresariales y culturales, cuyas rentas son un atractivo nicho de negocios, que seguramente alguien sabrá capitalizar.
Ni duda cabe de que detrás de esta febril actividad constructiva de los funcionarios, - sean capitalinos o federales-, se esconde su inconfesada ambición por trascender en la historia de la Ciudad, dejando su huella arquitectónica en la memoria urbana, y que a la vez les permita asegurarse un futuro económico desahogado, o garantice recursos a favor de su candidato en la contienda electoral del 2012.
Como ciudadanos debemos impedir cualquiera de esas tres inmoralidades y exigir como condición irrefutable el establecimiento de un verdadero control social en todo el proceso de las referidas obras, vigilancia ciudadana que deberá quedar en manos de personas probas, alejadas de los intereses y amistades de los funcionarios que impulsan estos megaproyectos, a fin de que esos ciudadanos ejemplares – que los hay- garanticen la total transparencia de cada peso del erario que se destine a esas obras.
La inocultable corrupción del calderonismo - y su acendrado desprecio por nuestra cultura- sustenta nuestra reivindicación de evitar que la ambición de estos funcionarios se cumpla con daño de tercero, como lo sentenció el autor de Don Quijote, Don Miguel de Cervantes Saavedra.
HIDALGO Y CALDERÓN: PUENTES DE DERROTAS
“Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema” Sir Wiston Churchill.
Por José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
El 17 de enero de 1811, la suerte de fue adversa al Padre de la Patria, reza la inscripción en una de las barandillas del Puente de Calderón, lugar en donde 100 mil insurgentes fueron derrotados por el realista Calleja al frente de 6 mil hombres.
Las subsecuentes desgracias del precursor de la Independencia de la Nueva España se registraron en la Hacienda de Pabellón, en donde fue despojado de su rango militar; en Acatita de Baján en donde es traicionado y entregado a los realistas por el texano Elizondo y su calvario concluye en Chihuahua, en donde el 30 de julio es ejecutado.
Doscientos años más tarde, la memoria del Prócer volvería a ser derrotada por un Calderón, quien ocupando la presidencia de la república generó de las efemérides independentistas más que una recuperación histórica, un inmoral negocio cuyos efectos se van revelando día con día.
En contraste al patriótico boato con el que la dictadura de Díaz que echó la casa por la ventana para conmemorar el primer centenario del movimiento libertario, los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, concebidos por el calderonismo serán recordados por la opacidad y el despilfarro de intrascendentes eventos y por un sistemático desprecio hacia el movimiento revolucionario de 1910.
La permanencia en la memoria histórica del Centenario porfirista no sólo forma parte del patrimonio inmaterial de los mexicanos, - muchos de los cuales, a más de cien años de distancia, idealizan o critican la fastuosidad de desfiles, bailes, banquetes, etc. – se hace patente en una serie de edificio y obras públicas que aún persisten en los más humildes zócalos de pueblos hasta los magníficos monumentos que fueron construidos en ocasión a dicha efeméride, destacando entre todos ellos, el monumento a la Independencia, columna en cuya cúspide se ubica una victoria alada a la que el afecto popular bautizó como el Ángel.
La antítesis a tan emblemática construcción es indudablemente la llamada Estela de Luz, capricho calderonista que, además de carecer del riguroso examen técnico para su edificación, - con lo que prácticamente se anuló su construcción-, sirvió más de caja negra de la ambición burocrática, que comenzó por excluir materiales mexicanos para hacer más redituable sus sucias ganancias al adquirirlos en el extranjero e infló los precios para poder embolsarse más recursos del erario mexicano.
Del agandalle del diseño entre los arquitectos que la presentaron al concurso, la falta de transparencia para su designación, hasta las acusaciones en contra del Secretario de Educación Pública y precandidato panista a la presidencia, Alonso Lujambio, son prueba manifiesta de la podredumbre de una administración apátrida y rapaz, a la que desgraciadamente le correspondió organizar las conmemoraciones.
Pervertir el sentido patriótico de una efeméride transformándola en nicho de negocio, fue la política pública con la que se manejó la organización de los insustanciales desfiles y actividades impulsadas por el coordinador de la festejos, José Manuel Villalpando, acción de gobierno que impuso la antiestética estatua ecuestre de Don Francisco I. Madero, elaborada y colocada al aventón, sólo para cubrir un expediente, - y competir con la destrucción del decoro funerario que el gobierno del Distrito Federal infligió al Monumento a la Revolución- , y que dio pauta a la alteración del programa de restauro de Bellas Artes a efecto de gastar más de 650 millones de pesos para hacer de su sala principal un espacio de melanina Ponderosa, destruyendo con ello el legado Decó del movimiento artístico de la Revolución.
De no ser por el respeto y pundonor que el Ejército imprimió a los diversos traslados de las urnas funerarias que contienen los restos de los héroes de la Independencia, - como el acto del día de ayer sábado 30 -, los mexicanos nos quedaríamos en el recuerdo colectivo tan sólo con el dolor y angustia que nos ha generado la necrofilia y la obsesión destructiva de Felipe Calderón, que con su cauda de 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos, inflige una derrota al espíritu que animó a Don Miguel Hidalgo a sublevar a un pueblo para alcanzar la libertad, la igualdad y la fraternidad.
La grave ignominia a la memoria del Padre de la Patria es la arraigada obcecación de Calderón hacia la muerte, pues ya lo dice Churchill, como buen fanático de la guerra se niega a cambiar de opinión y a cambiar de tema, a pesar del anhelo de paz y felicidad que animó a los hombres de la Independencia a mejorar la vida de los mexicanos.
CONCLUSIONES SOBRE LAS ELECCIONES DEL 3 DE JULIO
Por: José Alfonso Suárez del real y Aguilera.
El abstencionismo es una abdicación ciudadana que genera un manifiesto vacío de parte de la mayoría de los ciudadanos convocados a las urnas, repudio colectivo hacia la simulación demagógica a la que partidos y gobiernos han llevado al ejercicio del sufragio.
El apañe de nuestra democracia es responsabilidad de la clase política y partidaria que ve en ella, no el sistema de gobierno concebido por los griegos en la Antigüedad, sino el instrumento que garantiza el nicho de negocio que para ellos representa el manejo discrecional del erario público en todas sus componentes.
Bajo esa falsa premisa, partidos y políticos han sustituido el principio patriótico de que La Patria es Primero, - legado por Don Vicente Guerrero, y que preside todos los recintos legislativos del país-, por un inconfesado y aberrante La Tranza es Primero, complementando tal ruindad con la vandálica frase de que el que no tranza, no avanza, paradigma de la perversión del sufragio en beneficio de indignos intereses de facción.
Para nadie es un secreto que parte fundamental de esta estrategia estriba en la decisión política de mantener en la ignorancia democrática a la niñez y juventud, propiciando en ellas su mínima participación al llegar a su edad ciudadana, a la par de facilitar la perversa práctica de la mercantilización del voto y del sufragio clientelar.
Resulta irrenunciable destruir esta perversa estrategia, y para ello se propone recupera tres principios fundamentales para reconstruir ciudadanía:
1.- Rescatar la esencia Popular inherente a la Democracia como sistema colectivo de gobierno, del inmoral negocio que defiende la partidocracia que la tiene secuestrada.
2.- Restituir la dignidad al ser ciudadano, retomando la definición que de él dio Don Benito Juárez al definirlo como el más grande honor al que puede aspirar el ser humano.
3.- Recuperar el auténtico valor del sufragio, como el intransferible ejercicio de la voluntad individual del mandante para elegir en libertad democrática a sus mandatarios.
NOTA INFORMATIVA ANÁLISIS DEL PROCESO ELECTORAL DEL 03 DE JULIO DE 2011.
El componente de violencia delictiva y guerra no convencional ha generado una severa crisis de credibilidad en la alternancia partidaria para el electorado y ello sustentó su comportamiento en el proceso culminado el día de ayer en el que queda clara su urgencia y búsqueda del retorno a lo conocido ante el desfavorable balance del voto útil otorgado a Acción Nacional para sacar al PRI de Los Pinos y para impedir el acceso de López Obrador a la presidencia, bajo el argumento del peligro.
Las opciones política derrotadas en este proceso antesala del proceso federal de 2012, deben profundizar el análisis de las causas que les llevaron a los magros resultados obtenidos, fortaleciendo su reflexión en función de ubicar las motivaciones del comportamiento electoral, más allá del simple esquema de la manipulación del triunfador a través de sus conocidas estrategias, o de culpar a sus dirigentes, como suele ser usual.
Dadas las particularidades de cada entidad es menester analizar el comportamiento del electorado por separado, a fin de tratar de contar con un análisis más cercano y puntual.
ESTADO DE MÉXICO.- PRI- 62% PRD- 21% PAN-12.5%
Con un abstencionismo del 57%, cuya origen se trata de ubicar en las adversas condiciones meteorológicas que prevalecieron en la entidad, - y que afectó a los dos municipios más poblados de la misma (Ecatepec y Nezahualcóyotl) inundadas de manera subsecuente durante el fin de semana-, este componente de ausencia ciudadana jugó a favor del tricolor, pues con esa tasa de ausentismo, su candidato alcanzó cotas mucho más altas en la preferencia (62%), haciendo “lucir” su voto duro sobre la votación obtenida por la coalición de izquierda (21%), quien comparativamente a la elección del 2005 perdió 4% de los que en aquella ocasión obtuvo la candidata Polevnsky.
El gran perdedor en esta entidad es, sin género de dudas, el partido de Calderón, cuyo porcentaje (12.5%) se corresponde al 50% menos de la votación alcanzada en 2005, en el que su porcentaje llegó al 25%., y decimos el partido de Calderón pues el candidato quedó vinculado desde un principio con el titular del Ejecutivo, constituyendo esa simbiosis en un lastre interno y externo que reflejó esa abismal pérdida de su propio voto duro, ubicando a esta opción partidaria en los niveles obtenidos precisamente en la contienda de hace 20 años, un retroceso dramático que perfila el destino del grupo yunquista dentro de la derecha política mexicana.
Nadie puede poner en duda de que lo vivido en la entidad corresponde a lo que tradicionalmente se califica como “elección de Estado”, en la que recursos públicos y humanos fluyen a favor del candidato que representa la opción política del gobernante.
Sin embargo resulta imprescindible reconocer la presencia, e incidencia de componentes fuera del control del propio gobierno estatal, y cuya determinación directa en el ánimo del electorado debe ser motivo de análisis.
Construcción mediática de la estabilidad aspiracional del electorado.-
Desde hace siete años la República Mediática se ha ocupado y preocupado por construir en la entidad una imagen de estabilidad a la que aspiran los receptores de la estrategia de penetración mediática diseñada para tal efecto.
Negar que todas las aristas de la reiterativa presencia mediática de Peña Nieto no han generado una fortaleza del partido y de sus representantes en el Estado de México y en los segmentos femenino y juvenil del país, es necesario a fin de entender los comportamientos del electorado.
Hoy por hoy se debe reconocer que en el imaginario colectivo Peña Nieto representa juventud, poder, seducción, estabilidad y humanismo, a pesar de que ideológicamente poco o nada se difunda de él, sus promotores han hecho de su vida la mayor telenovela nacional, cuyo Raiting alcanza uno de los más importantes del país, y cuyo impacto en el proceso electoral se consolidó ante el fortuito fallecimiento del padre de la Primera Dama, Angélica Rivero, momento “intimo” perfectamente aprovechado por medios y revistas del corazón para posicionar la imagen de estabilidad y armonía en la tragedia, que fortaleció la decisión del nada despreciable voto duro femenil del Revolucionario Institucional.
Eruviel Ávila, fue “ungido” por Peña Nieto y con ello el imaginario colectivo de la entidad o adoptó como el heredero y en su campaña se resaltaron sus “valores mediáticos”; el candidato de clase humilde y su constancia para obtener sus títulos y ser un triunfador en su vida política y profesional. Sus debilidades fueron cubiertas con este halo de “cenicienta” que mueve corazones en una sociedad mayoritariamente pobre y cuya aspiración es ver el desarrollo de sus “héroes” a través de la pantalla de la República Mediática.
Explicar estos resultados en función a conceptos como elección de Estado, no carece de veracidad, sin embargo, las condiciones en las que este proceso electoral se desarrolló tuvieron diversos componentes que, de manera directa o no incidieron en la determinación ciudadana de mayoritariamente generar un “vacío” a la jornada electoral, como mecanismo inconsciente de defensa para garantizar el avasallamiento de la maquinaria del partido en el gobierno estatal.
Hay que reconocer que una estrategia mediática sostenida, como la que se opera a favor de Peña Nieto, era un enorme reto a vencer por parte de sus opositores.
En el caso de Alejandro Encinas, a pesar de su natural bonhomía, su imagen contrasta con la juventud de los “actores” priístas, lo que si bien lo acerca mucho al electorado mayor de 40 años, lo deja en desventaja con el sector electoral más numeroso de la entidad, los jóvenes de 18 a 35 años.
Mediáticamente Alejandro Encinas ha tenido un correcto desempeño como Jefe de Gobierno y legislador, sin embargo esos impactos son solo percibidos por los sectores democráticos y de avanzada, académicos e intelectuales, políticos, pero no así por el mayor porcentaje del padrón electoral mexiquense, quien nunca lo ha visto en una “revista del corazón”.
En el caso de Luis Felipe Mena Bravo, su austeridad yunquista lo hace menos accesible al imaginario colectivo, y si dentro de las filas de su propio partido es considerado monacal, la percepción colectiva lo ubica más como flamígero predicador que como opción de gobierno, y ello lo sacaba, desde el inicio del electorado por su impostura y agresiva comunicación corporal.
Índice de violencia criminal.-
Para los electores del estado de México el incremento de actos violentos en su territorio es consecuencia directa de la “guerra del presidente contra el narco”, acción a la que achacan la cotidiana presencia de cadáveres y balaceras entre gente “que no es de aquí”.
La proclividad del mexiquense se refleja en el adagio “Toluca, buen gente, no mata, nomás taranta”, y en el caso del imparable flujo migratorio que ha poblado su zona oriente, la aspiración de sobrevivencia a la miseria y violencia de las regiones expulsoras ha generado una actitud solidaria y pacífica entre los pobladores, a pesar de las “leyendas urbanas” que criminalizan, sobre todo a sus jóvenes.
En efecto, la violencia criminal llegó con la declaratoria de guerra del gobierno federal al crimen organizado, y se ha ensañado con la entidad en los últimos tiempos, en los que las presiones de los federales y las fuerzas armadas han propiciado el traslado de “campos de batalla” a Nezahualcóyotl y Ecatepec, así como a Naucalpan y Huixquilucan.
Este domingo tres de julio, electores de estos municipios fueron testigos de 8 ejecuciones, a pesar del enorme dispositivo de seguridad aplicado para evitar acciones de violencia criminal. En Naucalpan dos personas fueron ejecutadas y decapitadas; en el concurrido Boulevard de la Luz de Huixquilucan, dos cuerpos maniatados y decapitados fueron localizados por la política estatal, y en Ecatepec, un grupo de pistoleros agredió a un grupo de personas que convivían en la calle, resultando dos fallecidos y seis más heridos de bala.
Queramos o no estas acciones pesan en el electorado aledaño a la zona en donde se registraron tales actos de barbarie, los cuales se suman a la profusa difusión que de situaciones similares, ocurridas en otras entidades, nutren el imaginario colectivo del electorado, ubicándolo en una situación nunca antes pensada, que sustenta la añoranza “por los viejos tiempos” en los que la gente salía tranquilamente a la calle, tiempo que ese imaginario colectivo ubica con los gobiernos priístas.
Poderes fácticos.-
Para el espectador sujeto a las directrices de la República Mediática, la diferencia entre los gobiernos del PRI y del PAN es, precisamente la violencia que se adueñó del espacio público y sus pavorosos impactos, 40 mil “ejecutados”; los “levantones”, la sensación de impunidad que priva en el país y la zozobra con la que se vive día a día.
La guerra, - que el imaginario colectivo imputa en exclusiva a Calderón-, es el signo distintivo entre el PRI y el PAN, pues la corrupción y autoritarismo se dan en uno y otro bando – argumento que esgrime también Andrés Manuel López Obrador, cuando afirma que el PRI y el PAN son lo mismo -.
La aspiración de recuperar la tranquilidad de las calles, el no encontrarse con cadáveres, el no oír de balaceras, de colgados y de ejecutados, lleva al electorado a apostarle al PRI pensando que “más vale malo por conocido”, porque con el “nuevo por conocer”, es decir el PAN, la vida ya no es la misma que antes.
La izquierda debe asumir que el peso mediático y en el imaginario colectivo de la campaña negra de 2006 y la manipulación de sus diferencias y la vigorosa dinámica de la vida partidaria, en la que las diferencias políticas e ideológicas se dirimen ante el público, son enormes retos a superar, sobre todo cuando al República Mediática es un poderoso enemigo.
El peligro para México, con el que se encasilló a López Obrador en la campaña del 2006, se ha sostenido veladamente bajo la “cobertura tendenciosa” que de las actividades del dirigente y de los partidos de la izquierda hacen los canales de televisión y radio, que son, los púlpitos del siglo XXI.
El trillar hasta la saciedad las diferencias, los puntos divergentes de los liderazgos, y los errores en que involuntariamente se ha incurrido, nutren la estrategia mediática que genera un rechazo inconsciente hacia las propuestas de izquierda.
Estamos seguros de que un importante número de votantes favorables a Encinas (y al resto de candidatos de la izquierda en las otras entidades en las que hubo elecciones) se abstuvieron, por lo menos de acudir a las urnas, ante la solapada campaña clerical ¿Y ella por quién votaría? a través de la cual, de forma por demás sutil el poder clerical incidió en la decisión del electorado que, “guiado por la santa mano de sus pastores” ingresó al dominio votocatolico.com, en el que se fustigó al partido del sol azteca por leyes contrarias a los mandamientos de la Iglesia, (aborto y bodas gay).
COAHUILA.-
· PRI- 59%
· PAN- 36%
· PT- 1.5%
· PRD- 0.9%
El proceso electoral de la entidad no sorprende a nadie, a pesar de constituir la más clara muestra del retorno de las dinastías familiares que, por años, caracterizaron a los gobiernos estatales y municipales del Revolucionario Institucional, con la cauda de dudas y temores de que el heredero llega a cubrir las espaldas de su pariente.
Desde el inicio de las campañas, el hermano del ex gobernador acaparó la intención de la mayoría del electorado, dejando muy atrás a sus adversarios.
Al igual que en el caso de Bravo Mena, el vínculo entre el candidato de Acción Nacional, Anaya Llamas, con el Lic. Calderón, jugó en contra del “compadre” aún en al interior de su partido y, evidentemente, pagó el descrédito en el que ha caído el gobierno federal en una entidad en la que nunca fue bien recibido y si muy vapuleado por el actual presidente del PRI.
La izquierda poco jugó en un territorio eminentemente bipartidista y lo que sí quedó claro es que la candidatura de González Schmall, generó un mayor porcentaje de simpatías que la decidida por el CEN-Perredista, la cual fue intrascendente con el 0.9% de la intención del voto.
Construcción mediática de la estabilidad aspiracional del electorado.-
Mucho se podrá debatir sobre la personalidad y origen del ex gobernador Moreira, pero nadie puede poner en tela de duda el arrastre popular que generó desde su campaña el profesor, afecto al baile y a la “chanza”, prototipo del coahuilense medio, lo que le permitió acceder a la gubernatura y diseñar desde ese espacio su futuro político al frente del tricolor, generando condiciones de sucesión a través del impulso de su hermano Rubén, primero como legislador federal y más tarde como candidato.
Según se dice los Moreira han fincado un imperio económico nada despreciable, partiendo de los viejos principios del alemanismo tricolor, (“para todos hay”), lo que le abrió las puertas del empresariado local, junto el cual impulsó una serie de negocios que le llevaron no sólo a colocar productos manufacturados en su entidad a otros estados de la república, sino incursionar en negocios en Centroamérica.
Índice de violencia criminal.-
Pese a ubicarse entre entidades de las más convulsionadas por el crimen organizado (Nuevo León y Chihuahua), fue curiosamente al presentar su solicitud de licencia al cargo de gobernador, la violencia empezó a ser notoria tanto en la Comarca Lagunera, en Saltillo y en la ciudad de Torreón, en la que su conurbación con la duranguense Gómez Palacio, la hace vulnerable a ataques del narco.
Ese incremento del índice de violencia delincuencial, ha sembrado la sospecha de que, al igual que el regiomontano Sócrates Rizo, el ex gobernador Moreira aplicó una política de administración del tráfico de drogas, similar al que por décadas adoptaron los gobiernos federales priístas desde la época de Ávila Camacho.
Previo a la jornada electoral, en Torreón, fueron ejecutados a balazos cinco personas; dos patrulleros municipales fueron agredidos por un grupo armado y la sede la PGR en esa ciudad fue atacada con granadas de fragmentación y armas “largas”, causando destrozos e hiriendo a un policía bancario e industrial que resguardaba las instalaciones como velador.
Curiosamente el día de la elección, el único incidente relevante que se registró fue el “zafarrancho” protagonizado por el ex secretario del ayuntamiento Alfonso Tafolla, miembro de Acción Nacional quien acompañado por la actual regidora Martha Rodríguez y otros tres militantes del blanquiazul se negaron a ser revisados por un Puesto de Control que la policía municipal colocó dentro del programa de protección a la jornada electoral, y que ante la negativa y las faltas a la autoridad acabaron en la inspección de policía, en tanto vía twitter alertaron a sus correligionarios de su detención, manejándola como producto del autoritarismo de los Moreira en contra del partido del presidente Calderón.
Poderes fácticos.-
En el caso de Coahuila, un poder fáctico fundamental es la Iglesia de los Pobres, que en la persona del Obispo Raúl Vera tiene a uno de sus más importantes exponentes.
El día anterior a la jornada electoral, el jerarca comentó ante los medios de comunicación que ni partidos ni candidatos estaban a la altura de las aspiraciones del electorado coahuilense, refiriéndose tangencialmente a que ninguno de ellos había integrado a sus propuestas las demandas planteadas por las víctimas de la violencia criminal durante la visita que la Caravana del Dolor y del Consuelo, encabezada por el poeta Javier Sicilia.
Ante tal situación el líder religioso exhortó a emitir votos en blanco como señal de repudio a una política ajena a la principal aspiración del pueblo de Coahuila, es decir la recuperación de la paz en la región.
El llamado del Obispo generó tal zozobra entre la clase política, que el día de ayer, durante su homilía en la catedral de Saltillo, el sacerdote exhortó a su feligresía a participar en la jornada electoral y emitir su voto razonado, lo que en principio alentó a muchos de los seguidores del jerarca a acudir a las urnas, logrando con ello generar una mínima participación que permitiera a Rubén Moreira no llegar cuestionado a la asunción de su cargo.
Por su parte, la República Mediática, siempre acomodaticia, mantuvo una aparente imparcialidad entre el hermano del dirigente priísta y el compadre del presidente Calderón.
NAYARIT.-PRI- 49%PAN- 34% PRD- 11%PT-C-1.9%
El proceso electoral nayarita reviste particularidades que lo ubican como el más complejo de la jornada del tres de julio.
Más que en el Estado de México, pero no ajeno a ello, el debate entre aliancistas y anti-aliancistas, marcó el proceso interno de precampaña contemplado por la legislación local, y preconizó un resultado cerrado entre quien resultó la abanderada de Acción Nacional, - decisión tomada en función del resultado de diversas encuestas levantadas entre ella y el candidato del PRD – y el abanderado de unidad tricolor.
Para ningún nayarita resultó acorde a una lógica política la actitud asumida por el candidato Acosta Naranjo, quien en todo momento se parapetó en un “acuerdo entre partidos que daban al PRD la primacía para nombrar candidato de alianza”, a pesar de que todos los números lo ubicaron siempre en un segundo lugar, muy distante de la también diputada perredista Martha García.
La decisión de sostener su candidatura contra viento y marea, incidió en el ánimo de las otras expresiones de izquierda para decidir competir con candidato propio, obteniendo un 1.9% de la voluntad popular.
Esta también se circunscribe en una elección de Estado entre priístas, pues nadie puede negar el hecho de que la candidata del PAN, es la esposa del ex gobernador tricolor, y en ello al gobierno de Ney González diseñó escenarios extremos al constatar de la simpatía que genera la Señora Martha, por sobre el joven delfín Sandoval.
Dentro de los contextos difíciles, se debe haber previsto una votación favorable a la panista, y, en un acto de total irresponsabilidad se debe haber decidido retirar a los elementos del Ejército del resguardo de cualquier instalación electoral, a fin de facilitar la “toma” y destrucción de paquetería electoral por parte de un grupo preparado para ello.
Esta es la única explicación lógica que encontramos a la irracional decisión del presidente del IEE, avalado por el representante perredista y priísta, cuando por décadas ha sido directiva del Ejército resguardar la papelería electoral y el día de la elección las instalaciones en las que sesionará el Consejo para calificar el proceso y la jornada electoral.
Construcción mediática de la estabilidad aspiracional del electorado.-
En esta entidad en particular la estabilidad aspiracional del electorado fue más favorable a la candidata de Acción Nacional a quien identificaron siempre con una primera dama atenta de las necesidades de la población.
No obstante, desde la Gubernatura se tejieron las relaciones necesarias para ubicar al “delfín” como el futuro de la entidad, a la par de generar un compromiso indeclinable de participación del voto corporativo priísta para lograr el objetivo de ganar, aunque fuese por un mínimo margen.
Índice de violencia criminal.-
Los nayaritas, y particularmente los residentes de Culiacán, son víctimas de una imparable ola de violencia, que ha colocado a la capital del estado entre las cinco ciudades más violentas de la República y la 13va en el continente.
Esta terrible realidad acredita la claudicación del gobierno estatal ante uno de los grupos criminales que poseían la “franquicia” de tránsito y trasiego en la entidad y ello ha provocado que sea “campo de batalla” en defensa de la plaza y en conquista de la misma.
A esta situación se añade la debilidad de las corporaciones policiales, y con ello su factibilidad de penetración criminal, a grado tal de que la “huelga” de elementos iniciada a 10 días antes de la elección, ponía en riesgo el proceso, y es sólo cuando desde el Gobierno Federal se llega a un acuerdo con el gobernador que el movimiento huelguístico concluye, a escasas 72 horas de la jornada electoral.
Ni duda cabe de que la atmósfera criminal jugó a favor del grupo político del actual gobernador, pues Sandoval representa la posibilidad de sostener una continuidad en una política de administración y contención del conflicto, más que de ataque y persecución, como acreditan las innumerables ejecuciones registradas en la aparentemente “blindada” Tepic.
Existe la sospecha de que, desde el gobierno de Ney, se negoció una tregua del viernes dos al domingo 4 entre los cárteles, pues curiosamente es el primer fin de semana en el que ningún medio nacional refleja algún acto de violencia en la entidad.
Poderes fácticos.-
El esquema de lealtades a favor del partido en el gobierno funcionó como era previsible, tratando, al igual que en el caso de Coahuila, de guardar un cierto equilibrio entre el tricolor y la candidata de Acción Nacional, no tanto por el instituto político sino por su pasado priísta y su vinculación a un ex gobernador de ese partido.
Aquí el poder clerical no tiene tanto poder o arrastre como en otras entidades, no obstante a través del Dominio votocatólico.com algunos votantes fueron inducidos a votar por el PRI, curiosamente, no por el PAN pues la organización resaltó que la candidata era diputada perredista y había apoyado “leyes inmorales e indignas a la familia mexicana”.
HIDALGO.-
Esta caciquil entidad de la República en la que se disputaron los cabildos municipales,
no deparó sorpresas, ya que el PRI mantuvo la capital y de 84 alcaldías en juego mantiene 64 y pierde 20, alguna importante con Acción Nacional y una con Convergencia.
Construcción mediática de la estabilidad aspiracional del electorado.-
La pluralidad étnica de la entidad juega un papel muy importante en este proceso de elección, al tratarse de las autoridades de primer contacto, en donde usos y costumbres juegan un papel fundamental en la toma de decisión de las comunidades Ñha ñhus, ampliamente ancladas en el paternalismo priísta de toda la vida.
En algunas poblaciones con alta ascendencia religiosa, es en donde Acción Nacional representa las aspiraciones colectivas y es en donde obtiene votaciones significativas para integrarse al cabildo, y en algunas de ellas logra obtener el triunfo de la alcaldía.
Tocante al PRD, las diferencias ideológicas entre grupos son profundas e importantes, sobre todo al haber integrado a los cargos de elección popular a personajes non gratos a las comunidades como lo es el Senador Guadarrama, a quienes muchos militantes de la vieja izquierda hidalguense no asimilan como perredista.
Índice de violencia criminal.-
A raíz de la presión generada por el poder Ejecutivo a través del Ejército, la Marina y la Policía Federal, la entidad se ha venido transformando en “santuario” de Zetas, y por ello en objetivo de ataque de los cárteles contrarios a ellos, lo que ha desembocado en una alza importante de la violencia criminal, a grado tal de ser una de las pocas entidades en donde se registró un ataque terrorista con resultado de muerte, perpetrado por los Zetas en contra de miembros de la Policía Federal a través de un coche-bomba que se hizo estallar alevosamente tras emboscar a los servidores públicos que acudieron a la llamada anónima que les alertó sobre el vehículo abandonado.
Evidentemente, la orografía de la zona ha resultado idónea para que líderes de es3e grupo paramilitar hayan construido refugios y búnkeres, muchas veces desconocidos hasta para los integrantes de los cabildos, en zonas inaccesible y aparentemente inhóspitas de la entidad, sobre todo colindando con la Huasteca potosina y veracruzana que al parecer son las “puertas de emergencia” de este grupo criminal en las persecuciones de que son objetos algunas de sus células delincuenciales en las vecinas entidades.
Es del dominio público el apoyo que el líder fundador de los Zetas, Antonio Lazcano (a) El Lazca ha brindado a ciertas poblaciones de la sierra y a ciertos templos católicos, incluyendo un controvertido templo en la periferia de Pachuca.
En la entidad también se infiere la existencia de una tregua durante los últimos diez días del proceso electoral, ante la carencia de notas sobre violencia delincuencial en toda la entidad. Poderes fácticos.-
Tras la controvertida declaración de Xóchitl Gálvez la periódico El Universal, en el sentido de que el crimen organizado le ofreció $ 50 millones de pesos para su campaña, se reconoce tácita y explícitamente que la delincuencia es un poder fáctico en la región y que, desde el año pasado, se puede inferir el papel preponderante que puede haber jugado en financiar campañas electorales, cuyo pago es la “protección” e impunidad que brinden las autoridades.
Los medios de comunicación locales jugaron un papel totalmente favorable a todas las planillas impulsadas por el PRI, y el Poder Clerical aquí se enfrenta al ingreso de otras denominaciones religiosas, sobre todo en la zona de la sierra, pero coincidiendo en lo político a favor del tricolor, más que a favor de alguna otra opción política.
N.B. La posición exhibida por el candidato perredista por Nayarit, Acosta Naranjo, en el sentido de culpar a López Obrador del resultado y retomar el discurso de alianzas, aunque congruente en su caso, es una postura que demuestra un pragmatismo rayano en lo ofensivo, pues él tuvo en sus manos el poder concretar la alianza en Nayarit, declinando a favor de su compañera de bancada, cuyos resultados en las encuestas siempre lo rebasaron, pero su ambición y terquedad le impidió exhibir grandeza política reconociendo los resultados de las encuestas y apoyando a la Dip. García, en lugar de competir para lograr un magro 11%, y desde esa derrota abrir nuevamente la división al interior del PRD, preconizando con ello la restauración de la polarización de cara al proceso del 2012.
LA OTRA MEJILLA DE SICILIA
“Para dialogar, preguntad primero, después escuchad”
Antonio Machado
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
En el encuentro del Castillo de Chapultepec, la Paz con Justicia y Dignidad enarbolada por Javier Sicilia, fue autoritariamente mancillada por la incorrecta manipulación que del Duelo colectivo hizo a favor de su intolerancia el anfitrión, Felipe Calderón.
Las opiniones vertidas en torno al encuentro reflejan el antagonismo que privó en el desarrollo de la reunión como en sus resultados, dando con ello cuenta de que la cerrazón del Ejecutivo propició una sordera manifiesta, salpicada por algunos atisbos de intercambios verbales situados más en el campo de la cortesía mediática que de la voluntad política por escuchar a los ciudadanos presentes.
La conformación de la mesa de diálogo fue el primer acto de autoritarismo del convocante, pues impuso a los deudos la indeseada presencia de Genaro García Luna, obligando con ello a Javier Sicilia a purgar la insolencia de haber solicitado la renuncia del funcionario como señal de buena voluntad, lo que además de constituir una artera provocación a los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se entendió como una penitencia impuesta al poeta por su atrevimiento.
Si la asistencia del titular de Seguridad Pública se debió a la imposición presidencial, en la misma línea de autoritarismo debe ubicarse la asistencia del secretario de Educación, Alonso Lujambio, seguramente incluido en la lista oficial por su promotora a la candidatura presidencial panista, Margarita Zavala quien debe haber valorado lo benéfico que resultaría la exposición mediática del aspirante en dicho evento, en su estrategia electorera.
El formato adoptado para la reunión creó las condiciones de ventaja a favor de Calderón, facilitando además la irrespetuosa manipulación que dio, no sólo al duelo de Sicilia, sino al de quienes fueron seleccionados para participar y al dolor irreparable de las miles de familias mexicanas.
La burda utilización presidencial de esta aflicción colectiva, se acredita con la reconvención que hizo al poeta, a quien calificó de errado en su reclamo por los 40 mil muertos que contabiliza su fallida estrategia, sermón que rubricó - con soberbia - que de lo único de que se conduele es no haber actuado antes, despreciando con dicha expresión al movimiento a favor por una Paz con Justicia y Dignidad, respaldado por los ciudadanos ahí congregados.
Con esa actitud Calderón abofeteó moralmente la buena fe de los asistentes, particularmente la de Sicilia, cuyo profundo cristianismo – como magistralmente acreditó Granados Chapa en su artículo Calderón y Sicilia: el católico y el cristiano - seguramente pondrá la otra mejilla ante el Guerrero de Los Pinos, con el único objetivo de avanzar en su compromiso por visibilizar los estragos sociales de la guerra; por lograr la reparación del daño a favor de las víctimas y, ante todo, por facilitar un cauce no violento a la indignación moral del pueblo mexicano, generada por la violencia criminal y la violencia de Estado que están destruyendo el espíritu pacifista de la Nación.
Para agravar la impostura oficial, la entrega por Sicilia de uno de los escapularios - recibido de manos de algún doliente durante la Caravana del Consuelo- al anfitrión, fue transformada por Presidencia, en el momento protagónico de la cita, contrarrestando el autoritarismo que privó en la reunión, con una imagen favorable, cuyo subtexto no es otro que la tácita aceptación de la confesión religiosa de Calderón en un acto público, pese al principio de laicidad inherente a la investidura presidencial.
Resulta lamentable que el resultado de la cita de Chapultepec no sólo desdeñó a Sicilia y al Movimiento por la Paz, sino también a la ciudadanía y al Congreso Federal, así como al cristianismo y hasta al Poder Clerical, al ser un encuentro, en el que la regla planteada por Don Antonio Machado fue manoseada por Felipe Calderón Hinojosa a su favor, quien acudió al Alcázar, no a preguntar sino a defender su postura y no fue a escuchar a sus interlocutores sino exclusivamente a ser oído.
COLEGIO MADRID: SETENTA AÑOS DE EDUCACIÓN LIBERAL
“La educación es un adorno en la prosperidad, y un refugio en la adversidad” Aristóteles.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
El pasado 20 de junio, en ocasión de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, el silencio oficial del Calderonismo patentizó, una vez más, su repudio a una de las políticas más sólidas y emblemáticas de nuestro país: el asilo político.
Ésta arraigada vocación política registró su hito durante la administración del General Lázaro Cárdenas del Río con la apertura del país a todos los perseguidos políticos de una Europa convulsa en ese proceso de exterminio y de exclusión que anticipó la Guerra Civil Española y magnificó la II Guerra Mundial.
Por décadas, México fue país –refugio por antonomasia y hasta nuestra Nación llegaron hombres y mujeres procedentes de las más diversas latitudes expulsados de sus países por la violencia criminal que se ceñía sobre la libertad, la igualdad social y la justicia.
Los años setentas fueron testigo del arribo de chilenos, argentinos, haitianos, bolivianos e infinidad de centroamericanos que huían de atroces realidades construidas por ejércitos clasistas y ávidos de poder y exterminio alentados por los perversos intereses de los Estados Unidos a fin de aniquilar al comunismo.
El nuevo siglo, asestó un severo golpe a la proverbial tradición de asilo del gobierno mexicano con la llegada de la mal llamada transición democrática, retroceso ideológico que facilitó la llegada de un gobierno de derecha, contrario al respeto a la libertad en todas sus acepciones y que consideró la política de asilo legada por Cárdenas como un obstáculo a su planes entreguistas y a la que mancilló con la ilegal entrega al Estado español de asilados de ETA refugiados en nuestro país.
Si con Fox se inició la debacle de nuestra política exterior, con Calderón se ha llegado a límites inmorales e ilegales, como lo patentiza el manto de impunidad con el que se cubrió a Cecilia Romero, titular del Instituto Nacional de Migración, responsable de la masacre de San Fernando y de todos los asesinatos y violaciones a los derechos de los migrantes en tránsito por nuestro país que sucumbieron a la violencia delincuencia con su irresponsable y omisa actitud.
Esta ex funcionaria, - hoy refugiada en la Secretaria General de Acción Nacional -, carga sobre su conciencia el secuestro e ilegal entrega del Dr. Miguel Ángel Beltrán Villegas, - prestigioso académico colombiano quien realizaba un doctorado en la UNAM-, alevosa e ilegalmente entregado al gobierno de Colombia, bajo la acusación del ex presidente Álvaro Uribe de ser enlace de la FARC.
Tras dos años de juicio, la justicia Colombia otorgó la total libertad al Dr. Beltrán ante la nula acreditación de la Fiscalía sobre el delito imputado, con lo que la artera orden de la Sra. Romero, además de rubricar la ilegalidad e impunidad de la administración de Felipe Calderón, patentiza el abandono de la tradicional política mexicana de asilo.
Pese a estas repudiables prácticas y políticas antagónicas al espíritu de la Nación, el agradecimiento de estos millones de hombres y mujeres que encontraron refugio en nuestro país se encuentra presente en muy diversas formas, entre ellas en la educación, derecho fundamental que en México, - gracias a perversos acuerdos entre la derecha gobernante y Elba Esther Gordillo-, se haya secuestrada por la poderosa organización sindical que comanda la Maestra.
Afortunadamente, el legado educativo de los exilios sigue vigente en universidades, en prestigiosas instituciones académicas, como el Colegio de México o el Colegio Madrid, fundado hace 70 años, el 21 de junio de 1941 y heredero del sistema impulsado por el Instituto-Escuela de la II República Española, cuya ideología y pedagogía ha brindado una educación de excelencia a la múltiples generaciones de estudiantes que ahí aprendimos a prepararnos para resolver de forma integral e íntegra los asuntos de la Patria.
Gracias a la firmeza cardenista y a la convicción de maestros y maestras, - a quienes el General siempre reconoció su aporte al sistema educativo mexicano-, el Colegio Madrid patentiza la máxima aristotélica de haber hecho de la educación un refugio en la adversidad y una escuela para la vida.
SACERDOCIO CÍVICO SEGÚN CALDERÓN
“Del fanatismo a la barbarie solo media un paso” Diderot.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
De verdadero arrebato místico se debe calificar al discurso que el pasado 2 de junio, y en ocasión a la primera conmemoración del Día del Policía Federal ofreció Felipe Calderón en las modernas instalaciones que sirvieron, - además de foros y locaciones para rodar la fallida mega propaganda mediática de Pedro Torres, El Equipo -, de marco solemne a este show paramilitar organizado para solaz y esparcimiento del artífice y titular de la dependencia burocrática consentida del sexenio.
A la par de la piadosa grandilocuencia del primer mandatario, quien con ello demostró su lealtad a ultranza al controvertido titular de la SSP-Federal, eximiéndole de toda culpa, a pesar de violar flagrantemente la Constitución, como lo acreditan las fotos de su ceremonia de condecoración de manos del presidente colombiano sin contar autorización de la Soberanía para portar dicha distinción extranjera.
El punto culminante del mensaje presidencia es, sin género de dudas, la confesión de su mística obsesión por imponer por decreto verbal prestigio al muy desprestigiado cuerpo concebido por García Luna, de cuyos dudosos principios y lealtades dan cuenta las más de un mil quejas presentadas en 2010 en contra de sus elementos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Omitiendo este negro antecedente, al exegeta de Los Pinos le ganó su fanatismo, y como revelación divina exhortó a los integrantes del cuerpo policial de su protector, a transformarse en sacerdotes cívicos, dejando claro en el subtexto, su apuesta por una policía ajena al principio clásico de la Politheia, - es decir de la administración delas normas que rigen a la polis-, impulsando al tiempo una corporación adoctrinante, inquisidora y sancionadora, inspirada fundamentalmente en Torquemada - quien indudablemente se ajusta a su rampante autoritarismo- y bendecida por Calderón en este acto.
Inmerso en el terreno del espectáculo paramilitar que para tal fin preparó, el Secretario García Luna comparó a sus elementos de “héroes nacionales” a pesar de, que salvo casos excepcionales, la intriga palaciega, el entreguismo, la corrupción, la arbitrariedad y la opacidad acreditada por la sociedad son motivo del repudio generalizado de la población, sobre todo de quienes sufren a diario su indeseada presencia en las regiones, pueblos y ciudades a los que han sido destinados.
En cualquiera de los parajes de esas zonas sus habitantes acreditarán la prepotencia de los Federales, su proclividad a la extorsión, al secuestro y al mal trato hacia las mujeres, indignas conductas de agentes policiales que profundizan el sentimiento de terror hacia ellos, parapetados tras sus capuchas, exageradamente armados e inútiles cuando se les requiere ante violentas incursiones del crimen organizado.
Una condenable prueba del desprecio de los mandos y elementos de la Policía de García Luna por el Estado de Derecho, es la ignominiosa incursión en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Paso del Norte, registrada la noche del domingo 6 de junio en las instalaciones de la prestigiada organización, en cuyas instalaciones irrumpieron los integrantes de las patrullas 12427.13972-13943-13748 y 10573 de la Policía Federal, quienes allanando el local, destruyeron e investigaron en archivos y computadoras, amparados solamente por su encono vindicativo en contra de una de las organizaciones corresponsables de recibir a la Caravana de la Paz que encabezó el poeta Javier Sicilia.
El condenable hecho fue tan grotescamente justificado por la dependencia, que más que explicación resultó un insulto a la inteligencia de la sociedad, pues se argumentó la supuesta búsqueda de un presunto proveedor de dos narcomenudistas, quien, - según los policías-, se escondió en el inmueble de la Comisión, lo que obligó a los agentes a romper cerraduras y cristales para efectuar el “rastrero” del presunto delincuente, sin resultados.
Tras el performance místico-paramilitar de esta primera conmemoración del Día del Policía Federal, y al constatar la cerrazón presidencial a cambiar de estrategia en su guerra contra el narcotráfico y la perversidad inherente al condicionamiento de aceptar el Mando Único concebido por su administración para regresar al Ejército a sus cuarteles, nos deben quedar tan claros, - como en su coyuntura le quedó a Diderot -, que el Estado Policiaco que el fanatismo de Calderón y García Luna nos está imponiendo, es el paso que nos separa de su barbarie.
DESPRECIO CRIMINAL DEL INBA
“El que calla, otorga”. Refrán popular
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
Convulsionada por constantes sismos y memorables inundaciones, la decimonónica clase pudiente de la capital de México siempre manifestó su intransigencia ante las máximas medidas de seguridad en torno a la construcción de espacios teatrales.
Así lo acredita el impacto de la célebre disputa entre los arquitectos de la Hidalga y Casarín en relación al proyecto del Teatro Nacional, zanjada ante la prolija explicación del primero sobre las medidas de seguridad que harían del establecimiento el más seguro del mundo.
En 1902 se fortaleció la legítima preocupación social en torno a la vulnerabilidad de los teatros ante los incendios de El principal de Puebla y el Manuel Acuña de Saltillo. Estas conflagraciones incidirían puntualmente en el diseño del nuevo Teatro Nacional que Adamo Boari proyectó para conmemorar el primer centenario de la Independencia.
Tal y como se consigna en el Álbum Histórico del Palacio de Bellas Artes: El Teatro Nacional estará dotado, contra incendio, de abundantes salidas de seguridad en cada piso, telón de hierro laminado para aislar el foro; cuatro grandes tanques en lo alto del techo del escenario con cien metros cúbicos de agua, para poderlo inundar por el sistema de hidrantes… al registrarse, el 23 de marzo de 1909, el incendio que consumió el Teatro Iturbide, utilizado como sede del Poder Legislativo, esas medidas de seguridad fueron reforzadas y como prueba de ello nos queda el espléndido telón de acero encomendado a los talleres Tiffany Studios, colocado en la boca-escena en 1910.
Será hasta 1934 cuando el proyecto de Teatro Nacional iniciado en el Porfiriato sea retomado por el México revolucionario a través del impulso del ingeniero Pani, desde la Secretaría de Hacienda, y del Arq. Federico L. Mariscal, cuyo revolucionario proyecto para la Sala Principal, fortaleció las medidas de seguridad concebidas por Boari al ampliar el aforo del espacio bajo la premisa de facilitar el acceso al pueblo a las manifestaciones culturales que se efectuarían en el Palacio de las Bellas Artes.
Estas medidas arquitectónicas a favor de la seguridad del público, ejecutantes, artistas y trabajadores se vieron fortalecidas a lo largo de la vida de la Sala Principal, hasta que, en las obras efectuadas entre 2009 y 2010 se rompió con su rectoría y, - según se desprende del Análisis de Riesgo que en materia de Protección Civil, la Secretaría del Ramo emitió el 25 de enero de 2011- incrementó los puntos de riesgo para la vida, los bienes y el entorno de quienes acuden a dicho inmueble, calificándolo de Alto Riesgo.
Catorce fueron las observaciones emitidas tras el análisis pericial, destacando la falta de accesibilidad para personas con capacidades diferentes; la necesidad de habilitar puertas de acceso como salidas de emergencia; la sustitución de escalones por otros con medidas y peraltes iguales; la elevación de barandales; la liberación de pasillos y algunas salidas de emergencia, así como de tomas siamesas; la protección de aristas de cristales que funcionan como tope; la recuperación del número mínimo de extintores y, - lo que resulta inconcebible- la actualización del Programa Interno de Protección Civil del inmueble.
Con fecha 1 de junio, en la página 9 de la sección Comunidad del Excélsior, se dio cuenta del desprecio a las observaciones antes descritas por parte del INBA, y según la afirmación de Omar Blanco, Director de Asuntos Jurídico de la institución, la próxima semana estaremos buscando al director de Protección Civil para sacar eso adelante.
Las palabras de su vocero, patentiza el desprecio criminal que la Institución manifiesta a la protección a la vida, de las miles de personas que han acudido a la sala –incluyendo a los mecenas de la destrucción patrimonial-, a la vida de los trabajadores y de los valiosos artistas que han brindado funciones desde el 29 de noviembre del año pasado, y evidentemente el ultraje perpetrado al bien cultural que representa el Palacio y su entorno, actitud demostrada desde el principio de la farsa burocrática, con la que la administración de Felipe Calderón trocó la restauración mandatada por la Soberanía Popular por la más vulgar y peligrosa remodelación de la emblemática Sala Principal de Bellas Artes.
Ante el otorgante silencio de las autoridades del INBA, ante su criminal desdén por la vida y la protección de las personas, ante la evidente falta de respeto a nuestros valores culturales, impulsaremos Acciones Colectivas por la Vida y el Patrimonio Cultural de Bellas Artes, para exigirles la restitución de la autenticidad de los valores arquitectónicos de la Sala Principal, con el fin de recuperar la seguridad de este emblemático inmueble patrimonio histórico de la humanidad.
OFENSIVA MANIPULACIÓN CLERICAL
“La |indignación es la pólvora de toda explosión social” Stephane Hessel.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Alejándose de los valores que afirma difundir, el Semanario Católico Arquidiocesano, Desde la Fe, traiciona sus principios editoriales al manipular la información en aras de sustentar su animadversión al gobierno del Distrito Federal y al Partido de la Revolución Democrática, a quien le augura una derrota similar a la sufrida por el PSOE en las pasadas elecciones ibéricas.
Bajo el título de Dura lección histórica, en el número correspondiente al último domingo de mayo pasado, el editor abiertamente omitió cumplir con el compromiso de constituir una fuente de información fiable, así como el de ofrecer temas de interés con la veracidad y oportunidad posible, que sustentan dentro de los valores editoriales de la publicación, los principios de Confiabilidad y Compromiso.
Escamoteando con la habilidad que le es propia, el poder clerical utiliza el editorial para lanzarle una admonición al gobierno de la capital, al advertirle que más (le) valdría aprender con humildad las lecciones de otros, que continuar con mirada soberbia un camino hacia el desastre y fulmina a la administración perredista de generar un falseamiento en la conciencia de los más jóvenes a través de leyes injustas y equivocadas en su valoración de la vida y la persona humana.
Esta opinión permite al apologista de la doctrina de la Iglesia enlazar su particular análisis sobre los sucesos que han cimbrado a la sociedad española, afirmando que en ese reino no solo los jóvenes se han pronunciado en contra de un laicismo mal entendido, ignorando dolosamente con tal aserto que precisamente el 8 punto del Pliego de Demandas del popular movimiento ¡Democracia Real Ya! 15-M, exige la desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado, como lo establece el artículo 16 de la Constitución (española), coincidiendo en ello con la defensa del Estado laico, - sin adjetivos-, legada por los liberales mexicanos del siglo XIX.
A fin de abordar los aspectos económicos, el panegirista – omitiendo deliberadamente cualquier mención al periodo de los derechistas del Partido Popular tan afectos al poder clerical- imputa a las tres décadas del poder socialista, una orientación económica populista que se ha dedicado a multiplicar, fuera de toda proporción, privilegios y dádivas para algunos grupos, en demérito de otros, y a costa de un endeudamiento público que está llevando a las finanzas españolas a la bancarrota.
Abdicando al valor editorial de Comunión y de Servicio que pregonan la búsqueda de causas espirituales para el bien de la comunidad católica, y en lugar de reflexionar en torno a los dictados de justicia social intrínsecos a las enseñanzas de Jesucristo, el publicista clerical hace coincidir las descalificaciones vertidas a la política económica española con la línea de gobierno seguida en los últimos años en la ciudad de México, sentencia que le permite rubricar su perverso anhelo de que en 2012 la izquierda pierda la conducción de esta ciudad, incurriendo por enésima vez en la violación a lo dispuesto por el inciso e) del artículo 130 constitucional.
Evidentemente, el autor de tal editorial rehuyó al aporte social generado por el movimiento social que originó en las plazas españolas la resistencia contra temas tan espinosos para la propia iglesia como la entronización del poder del dinero por sobre los valores fundamentales del hombre, realidad que ha sido materia milenaria de profundos conflictos entre la esencia del cristianismo primitivo y el sustento de la corporación clerical.
Pudiendo haber abordado alguna de las razones que ha movido a cientos de miles al llamamiento a una verdadera insurrección pacífica que convoca a recuperar un horizonte para nuestra juventud que elimine el consumismo de masas, el desprecio a los más débiles y de la cultura, la amnesia generalizada y la salvaje competencia de todos contra todos para recuperar la ética, la justicia y la estabilidad duradera, como a sus 93 años visualiza Stephane Hessel, autor del libro del momento Indignez-vous!, e integrante del equipo redactor de la Carta de los Derechos Universales del Hombre, de 1948.
La omisión del articulista católico comprueba el rechazo del poder clerical al espíritu que anima a esos millones de indignados e indignadas que en el mundo reclaman no transigir con sus derechos e inconformarse - provenga de donde provenga, y en ello se incluye al mismo clero- ante cualquier violación, provocando nuestra indignación como detonante de la explosión social transformada en resistencia pacífica, tal y como lo propone Stephane Hessel.
Perversidad bélica de Calderón
“Errar es humano, pero preservar en el error es diabólico” San Agustín.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Los hombres y las mujeres que sostienen día a día esta nación desgarrada de dolor han emprendido desde ayer, acompañando al poeta Javier Sicilia, el largo periplo que los vinculará físicamente con el profundo e inmenso dolor de la sociedad juarense, destrozada por los experimentos bélicos de uno de los gobiernos más insensibles de la historia.
Concentrados hoy en el monumento a la Independencia de esta capital, los integrantes de la Caravana por la Paz recorrerán los miles de kilómetros que más que separarnos unen el duelo de miles de enlutados hogares mexicanos que, como afirmó el padre de Juan Francisco Sicilia, buscan la justicia del consuelo y por ello demandan al Estado y a los partidos políticos la justicia legal.
La justicia que ahora se exige es aquella que de nombre y rostro a cada uno de los más de 40 mil muertos, la que reivindique la inocencia de quien lo amerita, la que repare – dentro de la enorme limitante que esa acción de justicia contempla- el daño a sus familias y el reconocimiento de las causas que llevaron a tantos jóvenes y jefes de familia a ingresar al submundo de la delincuencia, para inhibir los factores que los orillaron a aniquilar sus esperanzas y arriesgar su vida por un puñado de monedas.
Los objetivos de esta Caravana, compuesta por mexicanos y mexicanas que apuestan pacíficamente a que la clase gobernante y la partidocracia se plieguen al derecho que les asiste para exigir un enfoque ciudadano al combate a la delincuencia, para reclamar freno a la impunidad y apremiar la abolición de la corrupción, eligió como destino final Ciudad Juárez, víctima de la indolencia, la ignominia y la soberbia de autoridades que anteponen sus agendas personales y partidarias por sobre los sentimientos de una sociedad tan lastimada por la recurrencia de sus yerros.
La solidaridad en el dolor y la impotencia ha hermanado el sufrimientos de las familias de Morelos y de tantas otras entidades de nuestra república maltrecha, con quienes, - sin pretenderlo -, reivindicarán este 10 de junio con su presencia y con la firma del Pacto Nacional por la Paz la férrea convicción en la concordia, que ha movido a muchos miembros de la sociedad juarense a generar los lazos de autoprotección y ayuda, que les permiten aferrarse a la esperanza de recuperar la tranquilidad y la confianza en una vida más incluyente y digna, a pesar de los dislates oficiales y oficiosos de las clases política y gobernante.
Los integrantes de la Caravana, - que se irá nutriendo a lo largo de su ruta - constituirán el verdadero y único homenaje a los habitantes de esta ciudad, a la que en un anacronismo reparador las clases gobernante y política le otorgaron el rango de Heroica por decreto, pretendiendo con ello lavar culpas que han diezmado a su población por la vías de violencia letal, por la expulsión de más de 300 mil de sus habitantes, y por generar cerca de 10 mil huérfanos cuyas esperanzas se diluyeron como la sangre derramada de sus padres.
El discurso pacifista de los integrantes de la Caravana por la Paz será el antídoto al inveterado belicismo de Felipe Calderón, quien pervirtiendo a su favor la historia, hizo del centenario de la firma de los Tratados de Ciudad Juárez – y hasta de la renuncia del Gral. Díaz- una excusa para demostrar el “poderío” militar a través de un desfile de las fuerzas armadas, contraviniendo con ello el espíritu pacifista que animó a Francisco Carvajal, a Francisco Vázquez Gómez y Don José María Pino Suárez y al padre de Dn Francisco I. Madero a firmar en el edifico de la aduana de Ciudad Juárez, en la madrugada del 21 de mayo de 1911, un acuerdo para tratar sobre el modo de hacer cesar las hostilidades en todo el territorio nacional.
En abierto antagonismo con el argumento fundamental del Gral. Díaz expresada en su dimisión, en función de no seguir derramando sangre mexicana, Felipe Calderón ratificó su decisión de sostener la guerra no convencional, afirmando con su discurso y el tono militar de la conmemoración su oposición a discutir o debatir un cambio de estrategia.
A pesar de las centurias de sapiencia del obispo de Hipona acerca del error, y a pesar de los millones de voces que de mil formas y tonos alertan sobre el alto costo del yerro presidencial, la perseverancia del titular del Ejecutivo en su pifia bélica es, por sus letales consecuencias, diabólica.
LIBERANDO NUESTRA SEGURIDAD
Los caminos honorables que conducen a la paz son: el respeto a los derechos de los hombres y el reconocimiento indiscriminado de la Soberanía y la integridad de las naciones” Gral. Lázaro Cárdenas del Río, 1955.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Hace cincuenta años, precisamente un 28 de mayo de 1961 el Gral. Cárdenas escribía en sus Apuntes sobre el riesgo de utilizar al Ejército como instrumento de contención social. El estadista revolucionario enfático y conciso señaló que era “más grave y peligroso el militarismo en manos de un civil, que el civilismo en manos de un soldado”.
El contexto de la sentencia de Cárdenas se da ante el uso de la fuerza como arma “para acallar las necesidades y aspiraciones del pueblo” al que el carismático presidente Adolfo López Mateos estaba recurriendo para enfrentar a los movimientos ferrocarrilero, magisterial y de médicos.
Años más tarde, en 1968, la autoridad moral del divisionario, y su oportuna advertencia en torno a los excesos del poder civil, obligó al Lic. Díaz Ordaz a asumir públicamente su responsabilidad moral, jurídica e histórica de los lamentables sucesos del 2 de octubre.
A partir de ese momento, nuestro Ejército, tomó la decisión de diluirse como sector del Partido Revolucionario Institucional y revertir el desgaste social propiciado por acciones como el lamentable desenlace de Tlatelolco, aplicando acciones de apoyo a la población, a fin de recuperar el sentimiento de respeto y solidaridad.
Pese al descalabro político, los gobiernos civiles desestimaron la advertencia castrense y continuaron utilizando al Ejército, en menor o mayor grado, como un instrumento de represión o de presión política, en tanto la clase gobernante avanzaba en la consolidación de la cultura de simulación que le caracteriza, impulsando agendas personales por sobre las necesidades nacionales, y llegando al grado de utilizar a las fuerzas armadas como instrumento de legitimación.
La ruta de simulación política ha llevado a los gobiernos a escamotear los principios de Independencia y Soberanía bajo esquemas globalizadores que auspician acciones injerencistas de potencias extranjeras, sin reparar que ello representa retos adicionales a los miembros de la institución castrense ante el cabal cumplimiento de las obligaciones que le señala la Constitución.
Muestra de esta compleja realidad es la discusión de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, acción legislativa solicitada por el Ejército desde 2007, en su carácter de institución de Estado, constitucionalmente responsabilizada del mantenimiento del Estado de Derecho, patentizado a través de la permanencia de las instituciones democráticas y del respeto a los Derechos Humanos de todos los mexicanos.
El rechazo social en torno a estas reformas es producto de una lectura sesgada por la cultura de simulación política, que fortalece el regateo legislativo que mucho daña a la seguridad del pueblo mexicano.
Mantener la indefinición legislativa en éste tema, se antoja suicida ante una sociedad ávida de paz con justicia y dignidad, de estabilidad social y de seguridad pública e institucionalidad en el gobierno, legítimas exigencias expresadas en acciones ciudadanas, como las registradas recientemente en varias ciudades del país, y que ante la incomprensión y la simulación de la clase política, no encuentra opción y por ello exigen como única salida el retiro del Ejército a sus cuarteles, sin medir las consecuencias reales de esa demanda.
En este momento crucial, la responsabilidad del Estado mexicano y sus instituciones, la de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en su conjunto, no es otra que construir un diálogo franco y abierto que reconozca a la seguridad colectiva como un derecho fundamental del pueblo mexicano, acordando liberarla de las agendas partidistas y reconociendo que la seguridad no puede ni debe ser bandera electoral de nadie, sino un asunto de sobrevivencia del Estado mexicano.
Ante el embate de la violencia delictiva y ante las opiniones encontradas de actores gubernamentales, políticos y sociales, resulta imprescindible recuperar los preceptos cardenistas a fin de encontrar esos caminos honorables que nos señaló el General, rutas que solo transitan por el respeto a los derechos humanos y por el reconocimiento a nuestra Soberanía –entendida ésta en todas sus acepciones- y por la integridad de nuestra Nación constituida por el Pacto Federal.
Cinismo Cultural de la Alternancia
“Qué democracia tenemos donde los corruptos viven en la impunidad, y al hambre de los pueblos se le considera subversiva” Ernesto Sábato (Antes del fin, 1999)
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Paradigma del espíritu electorero que nunca abandonó a Vicente Fox en su gestión al frente del Ejecutivo Federal, el 16 de mayo de 2006 se inauguró con bombo y platillo la Mega Biblioteca México-José Vasconcelos, arquetipo del cinismo cultural de la alternancia.
Tras las derrotas políticas que para el Señor de las Botas representaron la irrupción de Calderón como candidato de su partido, pero sobre todo su fallido desafuero en contra de López Obrador, la obsesión del guanajuatense por cerrarle el paso al exjefe de gobierno capitalino lo llevó a cometer el dislate de obligar a su amiga Sara Guadalupe Bermúdez, presidenta del Conaculta, a inaugurar la confesional Catedral de la Lectura del foxismo.
No obstante la contundencia argumentativa, técnica y jurídica de contratistas, proveedores y especialistas sobre los riesgos inherentes a forzar la entrega anticipada de la obra, el encaprichado mandatario panista ordenó su apertura con una ceremonia que dejara en claro que la inteligencia mexicana no estaba con López Obrador, sino con su gobierno.
En poco tiempo las advertencias se concretaron en hechos y la magnitud del desastre obligó al cierre de las instalaciones por 21 largos meses, lapso en el que, previo desembolso adicional de varios cientos de millones de pesos, se corrigieron múltiples fallos, algunos de los cuales serán reincidentes a lo largo de la vida útil del edificio para recordar la irresponsabilidad de haber adelantado su inauguración.
Desde su inicio, el faraónico proyecto de Fox se ubicó en el ámbito de la cultura de relumbrón y del autoelogio, visión entendible si partimos del hecho de que su promotor ufano expresaba su experiencia reducida a dos libros en el campo de la lectura, lo que sustentaba su teoría de la inutilidad de embodegar libros.
Varias voces autorizadas, como la de Guillermo Tovar de Teresa, intentaron vanamente convencer al Presidente del Cambio de insertar la considerada Joya de la Corona en la biblioteca del siglo XXI al generar la red informática más extensa de consulta del país.
Pese a la tentación de trascender como impulsor de la biblioteca virtual, las pingües ganancias de un proceso constructivo fueron más convincentes, y seguramente a ello se debe el halo de opacidad que rodea todo el Mega proyecto y su concreción arquitectónica.
Desde la pasada legislatura un grupo de legisladores de ambas Cámaras, pudimos señalar la falta de transparencia en el manejo de recursos; la carencia de estudios de viabilidad constructiva, financiera y sobre todo operativa; la incomprensible triangulación de la operación administrativa y las adjudicaciones directas de contratos y sobreprecios detectados, asuntos corroborados por una Auditoría Superior de la Federación carente de facultades de sanción en aquel tiempo.
Algunos de los casos eran de tal cinismo y gravedad que ameritaron la determinación de denunciarlos ante el Órgano Interno de Control, ante la Secretaría de la Función Pública y ante la propia Procuraduría General de la República.
El nulo resultado obtenido de esas acciones emprendidas desde la representación popular, son paradigma de la impunidad con la que los gobiernos del cambio se manejan en materia cultural, cuyos cánones son la referida Mega Biblioteca; la destrucción del patrimonio cultural representado por la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, los insulsos festejos del Bicentenario y Centenario de la Independencia y la Revolución, y la visión empresarial con la que el panismo maneja el patrimonio cultural, al que considera mera mercancía, a pesar de ser ahora un derecho constitucional del pueblo mexicano.
Qué vigencia le asiste al admirado - y recientemente desaparecido- Ernesto Sábato, cuando afirmó que la impunidad es producto de la incongruencia entre el amparo “democrático” a la corrupción y la criminalización del hambre, - entendiendo ésta última en su acepción figurada de carencia de justicia -, desatino que ilustra la doble moral característica de la alternancia de Acción Nacional.
¡EL VOTO ES PRIMERO!
Para las ganancias temporales
“la simulación de la virtud se aprovecha”
Nicola Maquiavelo
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
La urgencia de acotar la discrecionalidad con la que el Ejecutivo federal utiliza a las Fuerzas Armadas se estrelló ante la decisión legislativa de postergar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
Al igual que la iniciativa presidencial y la Minuta del Senado, la “reforma a la reforma” elaborada en San Lázaro, fue víctima de agendas partidistas e intereses personales, demostrando con ello que antes que la Patria, para la actual clase política ¡el voto es primero!
A diferencia de las fundadas y razonadas intervenciones de los constituyentes del 57 en relación al artículo 29, los defensores a ultranza de las garantías individuales, asumieron con toda responsabilidad su obligación de garantizar que la excepcionalidad derivada por esas condiciones no sirviera de excusa ni pretexto para, - como lo expresó Don Filomeno Mata-, subvertir los principios constitucionales.
Los hombres que sufrieron en carne propia persecuciones, cárcel y destierros, producto de la discrecionalidad con la que los tiranos en turno, sobre todo el recurrente Santa Anna, desconocían derechos, abusando de la ausencia de tal hipótesis en el texto constitucional, por ello tuvieron especial cuidado en acotar al poder presidencial en dichos casos y colegiar la suspensión de garantías a través del establecimiento de la autorización del Poder Legislativo.
La grandeza de tal determinación radica precisamente, en que con ello acreditan que el interés de la Nación, estaba para ellos por sobre sus posturas ideológicas.
Hombres de la talla de Zarco, Arriaga, Cerqueda, Olvera y Ocampo, entendieron que el mejor servicio a la Patria era incluir en el Pacto Constitucional los mecanismos para aplicar un estado de excepción, así como sus alcances, regulando con ello las funciones del Ejecutivo en el caso de presentarse cualquiera de las hipótesis del enunciado del artículo.
En una magistral argumentación, Ocampo defendió la disposición recurriendo al símil del enfermo y el remedio, afirmando que muy a su pesar, como médico reconocía que por muy amargo que resultase suspender garantías, es era la última media para garantizar el retorno a la normalidad del Estado mexicano, o como reiteró el liberal, recuperar la salud de la República.
En 1917, Múgica, Recio, Colunga, Román y Monzón, ratifican la vigencia del postulado del 57 y lo enriquecen al establecer la regionalización de la aplicabilidad del enunciado, y al determinar que la suspensión precise que afectará a todas aquellas (garantías individuales) que fuesen obstáculo, para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación de emergencia.
A pesar de las inéditas y dramáticas condiciones que en la actualidad viven amplias regiones del país; a pesar de las casi 40 mil muertes; a pesar de que esa imparable intimidación pone cotidianamente en riesgo grave a la sociedad, y perturban con efectos mortales la paz pública, nuestros representantes populares prefirieron anteponer sus agendas partidarias por sobre este urgente interés de la Nación.
Con la irresponsable postura asumida por todos los partidos políticos, lo único que se logró es ampliar al Ejecutivo su abusiva discrecionalidad, su obsesiva proclividad a “darle la vuelta a la Constitución”, condenable conducta que, desde diciembre de 2006, le ha permitido sacar y mantener al Ejército a las calles, sin fiscalización alguna, además de someter a esas instituciones del Estado Mexicano a una irresponsable incertidumbre jurídica y a un acelerado desgaste de su prestigio ante la población, a la par de auspiciar acciones violatorias a los derechos humanos.
Resulta muy lamentable comprobar el nulo valor que todos los partidos políticos le han dado a un asunto fundamental para la salud de la República, a la que en lugar de buscar un remedio, sólido y apegado a la Constitución, las maquiavélicas corporaciones partidarias respondieron simulando defensas de derechos y principios, para en el fondo imponer sus agendas e intereses partidarios de cara a sus metas electorales. Ganancias temporales en unas urnas que por la simulación de nuestra clase política, podrían teñirse de violencia y sangre en días no tan lejanos.
República Mediática al rescate…
“Todo poder es una conspiración permanente” .Balzac
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
La adquisición por parte de Grupo Televisa de un 50% de las acciones de Iusacell, - propiedad de Grupo Salinas -, consolida la República Mediática, al concretar una sociedad comercial, que será el puntal de la defensa a ultranza de sus nichos de negocio. Con este contrato los acuerdos y alianzas entre las televisoras superan las fases de conjugación de acciones altruistas, - como acredita el Teletón-, y de interacción mediática y de compromisos editoriales, como lo patentiza Iniciativa México.
Por ello no debe resultar nada extraño que bajo el auspicio de ésta última, Televisa haya producido una serie televisiva cuyo contenido permita rescatar del descrédito y la desconfianza social a la Policía Federal dirigida por Genaro García Luna.
Partiendo de la premisa de generar una ficción que difunda una realidad, Pedro Torres, productor de series de alto raiting, como Mujeres Asesinas o realities como Big Brother, concretó junto con su equipo el sueño dorado del frustrado realizador Genaro García Luna, creando la serie El GRECCO, siglas del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado, que será comandado en la producción por el titular de la Policía Federal y cuyo nombre coincide con las siglas del actual Secretario de Seguridad Pública, pues el protagonista se llama Gabriel Gómez Lira y el desarrollo del personaje se inspira en el ideal que de sí mismo se ha forjado el funcionario público.
Junto al Comandante GGL, descollará un grupo de tres agentes, - una mujer y tres hombres-, que como se propuso la productora retraten a gente sólida, policías de carne y hueso que tiene familia, que llegan a su hogar, que tienen hijos en la escuela, que son incorruptibles…policías buenos, que sufren, policías buenos que tienen defectos y virtudes igual a cualquier ser humano.
La primera temporada de El GRECCO abordará hechos reales, casos sonados protagonizados por la PF, como la detención de Sandra Ávila, La Reina del Pacífico, pero hay otros capítulos que injustamente adjudican a la corporación policial los logros bajo el esquema de la ficción, lo que acredita fehacientemente que el rescate de la República Mediática tiene sólo un beneficiario: el Policía del Presidente.
Debemos recordar que el tema de la lucha en contra del narcotráfico ha sido abordador por producciones televisivas nacionales con sesgos que, en muchos casos, han profundizado el desprestigio de algunos de los órganos del gobierno involucrados en la guerra contra el crimen. Muestra de ello es El Pantera, serie de alto raiting que centra la lucha en un policía viejo y honesto y una suerte de “superhéroe” que juntos luchan contra un aparato gubernamental corrupto, en donde el Procurador es pieza central de la mafia, y los miembros del Ejército son paradigmas de la ineficacia.
No hace mucho TV Azteca lanzó al aire la serie Drenaje Profundo, cuyo horario tardío desalentó al teleauditorio, por lo que su impacto fue mínimo, a pesar del esfuerzo de la producción por resaltar ciertos valores en algunos de los personajes principales, quienes persiguen malhechores en un ambiente policial putrefacto merced a la infiltración criminal en sus filas.
La diferencia con El GRECCO, estriba en la decisión de proyectarla en Canal de la Estrellas y en horario estelar, estrategia que garantiza a la República Mediática el rescate, de la imagen de la Policía Federal, ante su teleauditorio, a la vez que con ello apuntala el debilitado esquema de Policía Única, y cumple así con las exigencias de Felipe Calderón, para hablar bien en los medios, en este caso de su funcionario estrella, y por tanto de su administración, a pesar de que la misma serie minimice la participación de las fuerzas armadas con el beneplácito de García Luna.
Varios cables filtrados por WikiLeaks han confirmado las hostilidades de García Luna contra la PGR y hacia las fuerzas armadas, particularmente al Ejército, y con esta producción televisiva se confirma una sentencia descrita con toda claridad por Balzac en el siglo XIX, y que en el caso de El GRECCO, reconfirma que el poder de García Luna es unaconspiración permanente.
Arma cargada de futuro
“No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado, su canto asciende a más profundo cuando, abierto en el aire, ya es de todos los hombres” Rafael Alberti
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
La indignante ejecución de siete inocentes en el estado de Morelos, profundizó la herida colectiva que esta guerra contra el narco provoca minuto a minuto, merced a su incontenible violencia criminal y la condenable política de un poder ciego y sordo a la hecatombe en la que han sumido al pueblo mexicano.
Esos cuerpos maniatados, torturados, ejecutados, además de patentizar su terrible agonía, deben padecer la indignante insensibilidad gubernamental que, sin miramiento alguno, recurre al fácil recurso de condenar a los muertos a su muerte social, al integrarlos a la lista de los delincuentes suprimidos en “ajustes de cuentas”, o si bien les va, calificarlos como víctimas colaterales de la lucha contra el crimen, convirtiendo esos injustificables asesinatos en parte de la fría estadística oficial y del error sin consecuencia alguna, clasificación inmersa en la mexicanísima sentencia de que en México la vida no vale nada.
La espontánea movilización social y su creciente indignación, orilló a las autoridades a admitir que lo ocurrido en Temixco el pasado 28 de marzo, no era adjudicable al crimen organizado, cuyos cárteles por cierto se deslindaron del crimen a través de mantas y narco mensajes lo que colocó a las dependencias oficiales en una situación incómoda.
Ante ello, la procuraduría del Estado reconoció que sus pesquisas apuntan a un homicidio cometido por elementos que podrían ser militares, ex policías, o agentes en activo y que ante la amenaza de ser denunciados Gabriel y Luis Antonio Romero Jaimes, debido al asalto que cometieron en su contra los asesinaron junto con las otras víctimas.
Además de los hermanos Romero Jaimes, entre los ejecutados se encuentran, su tío, el ex militar Álvaro Jaimes Avelar, - quien, a decir de sus familiares aconsejaría a sus sobrinos que hacer ante el asalto y la amenaza-, una mujer sin vínculo con el grupo, y los tres mejores amigos de Gabriel y Luis Antonio, entre ellos Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del connotado poeta, escritor y periodista, Javier Sicilia.
Es tan hondo el pesar del reconocido colaborador de esta casa editorial, que el sábado 2 de abril, en el Zócalo de Cuernavaca, ante el colectivo reunido en memoria de los masacrados el poeta anunció que la poesía ya no existe para él, y esa respetable decisión, agrava aún más el macabro escenario que la mezquindad política, la violencia desmedida y un poder enloquecido han venido construyendo bajo la quimérica cruzada contra el crimen organizado que encabeza Felipe Calderón.
El silencio de Javier Sicilia es antítesis de la esperanza del también poeta Gabriel Celaya, español sobreviviente al horror de las guerras, quien descubrió que la poesía es un arma cargada de futuro, arma que a nuestro poeta la cruenta realidad de su país desarmó brutalmente, haciéndole perder la capacidad de existir en él como el pulso que golpea las tinieblas, - que palpó Celaya-, oscuridad que Sicilia comparte con millones de hombres y mujeres inmersos en la lucha por erradicar la violencia, por acabar con la guerra estúpida.
Conflagración que lleva en su haber 38 mil muertos, contienda que un solo hombre desató simple y llanamente para legitimar su cuestionado triunfo electoral, y que hoy, a más de cuatro años de beligerante aferramiento, pretende acallar todas las voces disidentes que cuestionan la perdida de la añorada Suave Patria, concebida tras la lucha revolucionaria por Ramón López Velarde, poeta zacatecano de cuya arma salieron disparados sonetos de esperanza y de futuro en el declive de su propia vida.
La mudez del poeta Javier Sicilia es la más lamentable pérdida para nuestra cultura por las indignantes y lamentables razones que la impulsan, porque ese mutismo solidario con su hijo Juanelo, dice más que las mentadas. Parafraseando a otro entrañable poeta, a Rafael Alberti, el silencio asumido por Sicilia, callando, su canto asciende a más profundo cuando, abierto al aire, ya es de todos los hombres y por ello su grito mudo, es una proclama de paz y de justicia que al abrirse al aire, al ser de todos nosotros nos obliga a darle voz, para que nadie se atreva a cuestionar ¿No habrá ya quien responda al poeta?
Reclutamiento forzoso: penalización de la pobreza
Se llevaron a Zapata La leva se lo llevó, no pierdan la fe muchachos ¡Viva la Revolución!
Corrido de la Leva, 1911
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
La propuesta del gobernador César Duarte para revivir una de las instituciones más odiadas de la humanidad, la leva, lastima profundamente a la memoria histórica de la Patria.
Una de las víctimas de este reclutamiento forzado fue Emiliano Zapata, quien en 1909 fue enviado al 9° regimiento de caballería de Cuernavaca, por agitador, quedando sometido a las órdenes del Jefe del Estado Mayor del Gral. Díaz, Pablo Escandón, como su caballerango.
La malquerencia popular hacia la leva obligó al Ejército Constitucionalista a eliminar su práctica perversa, y a ello ayudaron los estudiantes que se integraron a la lucha revolucionaria, quienes a través de sus encendidos discursos, convencían a campesinos, peones y trabajadores a unirse a “la bola”, esa tropa popular que se hizo fuerza armada de batalla en batalla hasta el triunfo de la Revolución.
Imbuidos en un espíritu de construcción de un Ejército del Pueblo, los responsables de su concreción desterraron el odiado mecanismo, y tal era su animadversión hacia él que aún, ante el inminente riesgo que representó la beligerancia de las potencias del Eje, la ley del Servicio Nacional Obligatorio, impulsada por el General Cárdenas en 1939, fue aprobada hasta 1940 y entró en vigor hasta 1942, año en el que se convocó a los varones nacidos en 1924 para cumplir su contraprestación a la defensa de la Patria, a través de su reclutamiento por un año en las instalaciones de las Fuerzas Armadas.
Al término de la guerra el programa de internamiento motivó una profunda discusión en torno al destino de los recursos otorgados al mantenimiento e instrucción de esos jóvenes, por sobre la conveniencia de destinar esos recursos para facilitarles acceso a instituciones, - como el Politécnico Nacional-, en donde además de capacitarse para integrarse a un pujante mercado laboral, podrían recibir educación cívica e instrucción deportiva que hiciera de ellos ciudadanos ejemplares.
La argumentación a favor de cumplir con el deber del Estado mexicano de proveer a niños y jóvenes de una educación pública, gratuita y laica, ampliando para ello la cobertura educativa a niveles medio y tecnológico, sustentó uno de los proyectos más ambiciosos de la pedagogía nacional.
Este compromiso se fortaleció durante el sexenio de López Mateos, periodo en el que se instituyó la gratuidad de los libros de texto a nivel primaria, se fortaleció el apoyo alimentario a través del Instituto Nacional para la Protección a la Infancia, además de construir infinidad de aulas urbanas y rurales con los recursos que provenían de las ventas de Pemex, cuyo lema sexenal fue: “Mejores escuelas, harán de nuestro hijos mejores mexicanos”.
La percepción de conjura que se apoderó del presidente Díaz Ordaz en 1968, hizo que la educación superior fuese vista como un riesgo a la estabilidad del régimen, y que los jóvenes fuesen identificados como un peligro para la sociedad. Esas falacias propiciaron acciones de control a través del presupuesto a la educación superior y del otorgamiento de la mayoría de edad a los 18 años, - no a los 21-, pues con esa disposición se garantizó que los “agitadores” fuesen juzgados como adultos.
Con esas medidas se instauró una tiranía, que - como afirmó Montesquieu-, al ejercerse a las sombras de las leyes y con apariencia de justicia se convierte en la peor de las tiranía, y este precepto de simulación de la legalidad y de firmeza, se arraigó profundamente en detrimento de los derechos de los niños y jóvenes de este país, sujetos desde hace más de 4 años a la total abdicación del Estado en dos de sus derechos fundamentales: educación de calidad y trabajo digno y bien remunerado y a quienes todavía se les endilga el peyorativo de NiNis cuando es el Estado el causante de que ni estudien, ni trabajen.
Por ello, la propuesta del Gobernador Duarte, además de penalizar la pobreza de nuestros jóvenes, resucita a la Leva tan odiada por los forjadores del México Revolucionario, los condena al reclutamiento forzoso con la pérdida de su libertad y por ello constituye una inadmisible ofensa a los principios y a los compromisos que forjaron no solo al Estado mexicano, sino al partido en el cual milita el declarante, al impulsar un crimen de lesa humanidad, y que hace 100 años convocó a la Revolución con los acordes del corrido que relata la forzosa reclusión de Zapata a quien la leva se lo llevó y a cuyos jóvenes les pide no pierdan la fe muchachos, para exclamar comprometido ¡Viva la Revolución!
EMANCIPANDO A LA “LIBERTAD CREATIVA”
“Las leyes no están para esclavizar si no para encauzar la libertad” Fernando Savater.
Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
El amparo provisional otorgado por la jueza federal Blanca Lobo a Víctor Manuel Reyes Bravo, quien alegó ser objeto de desprestigio, vejaciones, humillaciones y burlas por su aparición en el documental Presunto Culpable, desató un intenso debate social y gubernamental cuyos alcances constituyen la prueba del profundo análisis que requieren temas fundamentales a la República, inmersa en asuntos triviales y futuristas, verdaderos artilugios del escapismo y la distracción mediática.
La decisión judicial que obligó a suspender la exhibición del desencarnado diagnóstico que el trabajo documental de Roberto Hernández y Geoffrey Smith logra en torno al lamentable estado que guardan los procesos penales en el país, genera una oportunidad extraordinaria para que a la par que la sociedad demande la urgente reconstrucción de un sistema penal que garantice la presunción de inocencia en todas sus fases, abrió la coyuntura para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la reforma constitucional en materia de Cultura, la cual cierra las puertas a cualquier tipo de censura al consagrar a la libertad creativa como una garantía individual.
A través de la adición del párrafo IX al artículo 4°, la Soberanía popular reconoció como derechos y garantías constitucionales tanto el acceso a la cultura, como al disfrute de los bienes y servicios que brinda el estado en la materia, y evidentemente el pleno ejercicio de los derechos culturales de las y los mexicanos. Pero dictó como obligación irrenunciable del Estado, la promoción, difusión y desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones obligando a la autoridad al pleno respeto a la libertad creativa, es decir la disposición constitucional emancipa la creatividad de la censura.
La propuesta de incluir este acatamiento al ejercicio libertario inherente a las expresiones y manifestaciones culturales, se remonta a las legítimas aspiraciones de creadores, escritores, pintores, escultores, dramaturgos, músicos que, - como lo expresó John Milton en el siglo XVI- buscaron a lo largo de sus creativas vidas, les fuese respetada la libertad para saber, pensar, creer y actuar… por sobre las demás libertades, y que en nuestro país encuentra en Juana de Asbaje a su más dilecta precursora.
La Respuesta a Sor Filotea, escrita por la monja jerónima para justificar su insaciable creatividad, es referente imprescindible en la defensa de la libertad creativa, como lo fueron también los aportes de los integrantes del Ateneo de la Juventud y los ejercicios culturales emanados de la Revolución Mexicana que permitieron que la libertad creativa se constituyera como el movimiento cultural que nos cohesionó como país.
Al proponer la reforma y al construir consensos, nuestro objetivo como representantes populares, no fue otro que el de enriquecer, dentro de nuestro Pacto Social, garantías y derechos constitucionales que nos cohesionan como sociedad y fortalecen las manifestaciones y expresiones del quehacer cotidiano de un pueblo eminentemente creativo, al cual en estos tiempos de violencia, le resulta urgente encontrar alternativas válidas a un proceso antagónico a la creación, al desarrollo de la libertad creativa y a la construcción de ámbitos de respeto e intercambios culturales y de paz social.
En este contexto, el documental Presunto Culpable es, sin género de dudas, un ejercicio de libertad creativa, el cual provoca en su auditorio una profunda reflexión y urgencia social por defender el principio fundamental de la presunción de inocencia, vulnerado por intrincadas redes de complicidades, de corrupciones, de omisiones y cuyo sistema sustituto, los juicios orales, distan mucho de ser la panacea que los Estados Unidos nos impuso, sólo para integrarnos subordinadamente a su sistema de impartición justicia.
Es menester reconocer que la suspensión provisional emitida por la jueza Lobo en contra de la exhibición del documental Presunto Culpable desencadenó la oportunidad de retomar principios en las leyes que, como afirma Savater, encaucen la libertad y no la esclavicen, sólo por eso debemos aprovecharla.
